El debate sobre retiro de subvenciones marca primera pugna de Paz y sectores
A cuatro días de emitido el Decreto Supremo 5503 la primera pulseta política entre el Gobierno y sectores como la Central Obrera Boliviana (COB), transportistas, gremiales y otros persiste de manera invariable. El Ejecutivo sostiene que la medida no será eliminada, “es innegociable”, pero abre el diálogo para otros temas. En tanto, sus adversos aceptan sentarse a negociar solo si se retira la normativa.
El Decreto 5503, promulgado por el presidente Rodrigo Paz, conlleva un viraje de 180 grados en la política económica al eliminar las subvenciones a los combustibles que habían mantenido los costos de la gasolina y el diésel muy por debajo de los reales.
En el decreto, el Gobierno también declara “emergencia económica, financiera, energética y social” y busca responder a una “crisis macroeconómica profunda” que incluye escasez de dólares, inflación elevada y un creciente déficit fiscal.
El Decreto tiene 121 artículos en los que se detalla los nuevos precios de los carburantes, las medidas de compensación para algunos sectores y otras normativas como el diferimiento de créditos, arancel cero para repuestos de automotores y otros.
Para el Gobierno el decreto contiene potenciales beneficios de largo plazo que podrían sentar bases más sólidas para la economía nacional.
El analista Fernando Romero el decreto forma parte de un plan integral para corregir desequilibrios fiscales estructurales, al eliminar una subvención que drenaba recursos estatales y al introducir incentivos para atraer capital e inversiones que pueden fortalecer las reservas de divisas.
Según el Gobierno, la eliminación de la subvención permitirá reorientar recursos hacia programas sociales —como el aumento del salario mínimo en 20%, incrementos en la Renta Dignidad o el Bono Juancito Pinto— y fortalecer servicios públicos, algo que las autoridades consideran esencial para amortiguar el impacto social de los ajustes.
Críticas
A pesar de las posibles ventajas económicas estructurales, el decreto ha generado fuertes críticas y alerta social por sus efectos inmediatos:
La eliminación abrupta de subsidios ha provocado el alza de los costos de transporte y, en consecuencia, de toda la canasta de bienes y servicios.
Varios analistas críticos han señalado que no basta con eliminar la subvención sin un plan de acompañamiento sólido para las pequeñas empresas, agricultores y transporte público, que dependen intensamente de combustibles. Sin mecanismos de compensación efectivos, se teme un empeoramiento de la pobreza y la competitividad productiva.
Un reportaje investigativo de El País (Tarija) destaca inconsistencias en la redacción del decreto, asimetrías que favorecen al sector financiero y grandes empresas, y omisiones de medidas clave como control cambiario o incentivos para sustituir importaciones energéticas de manera sostenible.
Sectores se movilizan contra el decreto 5503
La Confederación Nacional de Choferes de Bolivia ha exigido la abrogación inmediata del decreto, argumentando que los choferes se verán perjudicados de manera directa. El sector no dialogarán hasta que se elimine la norma.
La Federación de Cooperativas Mineras ha calificado la medida de un “atentado directo al pueblo” y se ha declarado en movilización nacional, invitando a otros grupos productivos a sumarse en defensa de trabajadores y pequeños productores.
La Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones sociales:
La COB, junto a maestros urbanos y mineros cooperativistas, ha señalado que el ajuste precariza las condiciones de vida de los trabajadores y anuncia ampliados para coordinar protestas. Líderes sindicales expresan que no habrá diálogo hasta que se reviertan los efectos del decreto.
Autoridades locales, como el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, han pedido un “cuarto intermedio” para negociar, alertando sobre el impacto inmediato en la canasta familiar y la economía urbana.
