Denuncian cinco irregularidades que comete la Policía en conflicto por el censo
En los 13 días que Santa Cruz lleva adelante un paro indefinido exigiendo al Gobierno la realización de un censo en 2023, la Policía fue blanco, en varias ocasiones, de críticas y cuestionamientos por su accionar que, según un jurista, se enmarca en delitos de omisión, acción e incumplimiento de deberes.
A través de redes sociales, se observó a un uniformado disparar a quemarropa contra una persona en el municipio La Guardia. Aunque esto fue negado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, las imágenes evidencian el delito, según lo confirmó el abogado cruceño Jorge Santisteban. A esto se suma otra denuncia a través de imágenes en las que se ve a policías coordinando la entrega de artefactos explosivos con personas civiles.
“La Policía ha ayudado a transportar esos artefactos porque se los ha encontrado dentro de la camioneta de ellos (Policía). Están para transportar toda la logística y los pertrechos, es decir, la alimentación como los elementos ilegales que están empleando los afines al Gobierno”, dijo el jurista.
Más críticas Otro motivo de duras críticas en contra de la Policía es que el 1 de noviembre, cuando el periodista Mario Rocabado de Unitel fue golpeado por una turba en La Guardia junto a su camarógrafo, los uniformados no los auxiliaron ni protegieron.
“Se enfrentaron y la Policía empezó a tirar gases, y nosotros, para cubrirnos, nos metimos a una calle para que no nos lleguen los gases. De pronto, la Policía avanzó, y avanzó el grupo que estaba con la Policía”, relató el reportero. En este caso, según Santisteban, la Policía cometió el delito de omisión.
“Ellos (policías) están precisamente organizados de acuerdo a la Constitución Política del Estado para proteger y defender a la sociedad, pero está incurriendo en delitos tanto de omisión como por acción. De omisión, cuando no prestan el apoyo correspondiente, y acción, cuando en una confrontación ellos se ponen a disposición de uno de ellos que incurre en delitos graves”, explicó.
Una última denuncia tiene relación con el uso de vehículos no regularizados en los despliegues de la Policía. Se observaron varios vehículos cuyas placas no corresponden a la Policía o a alguna institución del Estado.
“La Policía boliviana y la ley ya no son carta de garantía para los bolivianos a partir de ahora, por lo tanto, esto traerá consecuencias legales de mucha magnitud”, dijo Santisteban. La actuación de la Policía se enmarca también en incumplimiento de deberes que llega a los jefes policiales de alto nivel.
“Hay incumplimiento, omisión, pero también todo su reglamento de conducción la han vulnerado con esta actitud”, añadió.
