Desde que un grupo de juristas anunciara plantear un proyecto para la reforma judicial a través de una consulta ciudadana, esferas gubernamentales desahuciaron la iniciativa, bajo diferentes argumentos, entre ellos que se requiere una asamblea constituyente, que el proyecto es impulsado por políticos, que el tiempo no alcanzará, amedrentamientos a los voluntarios, además de obstáculos que tuvo que superar en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).