Dudas razonables

La conferencia de prensa del abogado de Evo Morales confirmó la estrategia del gobierno sobre el tráfico de influencias con la empresa china Camce: se intentará demostrar que el hijo del presidente con Gabriela Zapata no existe.

Con o sin matrimonio, una hija o un hijo crean un vínculo entre dos personas: paternidad, en el caso del varón, y maternidad, cuando se trata de la mujer. Si existe algún vínculo entre Morales y Zapata que comprometería al presidente ese sería el de la paternidad. Si la relación se mantuvo o no está más en la esfera privada que es la que los ministros intentaron defender sin éxito.

Y ahí es donde surgen las dudas razonables. La versión de Zapata es que el hijo existe y está en el exterior. Lo último que alcanzó a decir, antes que la trasladaran a un penal con mayor seguridad es que presentará a su hijo ante la jueza que conoce la causa, pero, para ello, la magistrada tendría que viajar a donde el niño se encuentra.

La versión del Gobierno es que el hijo sólo existe en los papeles y, hasta ahora, eso es cierto. El certificado de nacimiento, que refleja la existencia de una partida en el registro civil o cívico es la prueba documental de la existencia de una persona que fue inscrita con Juan Evo Morales Ayma como padre y Gabriela Geraldine Zapata Montaño como madre. Para todos los efectos legales, esa persona existe aunque hasta ahora nadie la haya visto. Eso fue lo que dijo el abogado del presidente y sonó disparatado para la mayoría de la gente. ¿Cómo es que una persona sí puede existir para la ley aunque no exista en los hechos? Para los abogados el asunto no es disparatado porque la teoría jurídica es la que consagra a la prueba documental como “la reina de las pruebas”: si un documento oficial, como una partida de nacimiento, consigna la existencia de una persona, el Órgano Judicial —integrado por abogados, pues los jueces deben serlo— la acepta como válida hasta que se demuestre lo contrario.

Una duda razonable es que el niño no haya nacido. La versión del Gobierno apunta a que Zapata mintió sobre su embarazo y el posterior nacimiento del niño. La acción jurídica a seguir en este caso es anular la partida de nacimiento con el argumento de que el certificado de nacido vivo es falso. Si el Gobierno lo consigue, anulará también el vínculo de la paternidad que es el que podría involucrar al Presidente en un supuesto caso de tráfico de influencias. Ese argumento sería desmantelado cuando el hijo sea, por fin, presentado ante la jueza que conoce la causa.

Estas elucubraciones jurídicas están sujetas a la existencia o inexistencia del niño y, por tanto, el desenlace de esta truculenta historia todavía parece lejano.

Existen otras dudas razonables, pero éstas se circunscriben al plano moral. ¿Cómo es posible que a una persona le hayan dicho que nació un hijo suyo y ésta nunca intentó verlo, así sea por simple curiosidad? ¿Cómo es posible que a una persona le hayan dicho que su hijo ha muerto y ésta no haya confirmado su defunción? Por preguntas como ésas, el común de la gente se pregunta cuál es el alcance moral y la sensibilidad de la persona a la que se le confió el mando de la nación mediante el voto.

Lo que sigue, entonces, es una batalla jurídica con los argumentos ya expuestos. Entretanto, no hay que perder de vista hasta qué punto fue —y es— jurídicamente aceptable que el Gobierno boliviano haya adjudicado millonarios contratos sin licitación a una empresa china de la que Gabriela Zapata era gerente comercial. Ése es el detalle a tomar en cuenta en un momento en el que el reflotamiento del caso Silala aparece como un intento de echar una cortina de humo a un caso, cuyo fondo es el supuesto tráfico de influencias.

El autor es periodista, Premio Nacional en Historia del Periodismo.