La lejana justicia para las víctimas de octubre

El 3 de abril pasado, los bolivianos nos regocijamos por la decisión de un jurado norteamericano que encontró a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, responsables civilmente por las “matanzas extrajudiciales” que cegaron la vida de las ocho personas (cuyas familias habían presentado la demanda), durante las trágicas jornadas de octubre de 2003.  Todo hacía pensar que por primera vez, un tribunal de justicia condenaría a estos personajes responsables por los asesinatos de 68 personas y de más de 400 heridos, durante la represión militar y policial.

Lo que no tuvimos en cuenta, —quienes creímos que se empezaba a hacer justicia— es que el sistema jurídico norteamericano, al igual que el boliviano, tiene atajos y vías de escape que, con un buen asesoramiento y recursos suficientes, puede viabilizar el modo de invalidar la decisión de los jurados ciudadanos.  Precisamente, tras una apelación, los acusados lograron que el juez que lleva la causa anule la determinación del jurado por “falta de evidencias” que la sustenten, lo que dejó sin efecto la indemnización que debían pagar los ex gobernantes, y además sentó un precedente para futuras acciones. Aunque la legislación estadounidense aún deja espacios para nuevos análisis, es muy probable que al final, se declare anulada o improcedente la decisión inicial del jurado y nuevamente el ex presidente y el ex ministro logren burlar a la justicia.

El juicio civil a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín reactivó en Bolivia un tema que casi había desaparecido de la agenda pública por casi cinco años, luego que en 2013 el gobierno decidió presentar una nueva solicitud de extradición al gobierno de los Estados Unidos, que un año antes había rechazado la primera demanda, aduciendo errores de forma y procedimiento que no fueron tomados en cuenta por nuestros asesores jurídicos.

Más allá del resultado final de este juicio, nuevamente queda la frustración y la idea que la ley no siempre acompaña a la justicia, especialmente en casos que involucran a ciudadanos comunes en contra de los poderosos, más aún si aquellos no cuentan con el apoyo decidido y sostenido del Estado.

Los errores, la desidia y las dilaciones de las autoridades bolivianas, que debieran llevar adelante este proceso, resultan funcionales a los intereses de los responsables de la masacre de octubre, e incluso facilitan al gobierno norteamericano que puede justificar su decisión de no dar curso a la extradición, evidenciando precisamente esta falta de consistencia de la parte demandante, es decir el gobierno de Bolivia.

Debemos recordar que existen, en el sistema internacional de los derechos humanos, instancias jurídicas a las que se puede recurrir para lograr que se presione al gobierno de los Estados Unidos, incluso en niveles donde Bolivia tiene presencia e incidencia importantes.  Por último una campaña de sensibilización pública internacional, como la que se realizó exitosamente en el tema marítimo, pudiera ser efectivo en este propósito.

El esclarecimiento de los hechos de octubre de 2003 y la sanción ejemplarizadora a los responsables son temas pendientes, no solo para las víctimas, sino para el sistema democrático y el pueblo boliviano, que no puede permitir que estos crímenes se pierdan en el olvido, y solo se registren como un episodio de nuestra historia.  De ahí que es imperativo, cualquiera sea la orientación de este fallo, que el gobierno boliviano diseñe y ejecute una verdadera estrategia jurídica y política en este tema, y que de una vez por todas se la considere como un asunto de Estado y no solo como un tema de interés aislado de las familias.

La dignidad y la justicia deben trascender a los ocasionales discursos y a los mensajes en el twitter, y materializarse en acciones concretas como las que llevaron adelante las familias de las víctimas que, nos han demostrado que no están dispuestas a que estos hechos queden en la impunidad.

El autor es ex Defensor del Pueblo y miembro del Conade