Del Evo “su” fondo intocable

Columna
Publicado el 21/06/2018

La Universidad Pública de El Alto (UPEA) se creó tras un parto difícil. Ocurrió durante el turbulento año 2000. La movilización de El Alto fue tan contundente que resultó imposible persuadir para la creación de un brazo descentralizado de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). El departamento de La Paz pagaría un alto precio por la visión  hoyadacentrista” de la UMSA que, al contrario que otras universidades públicas, no expandió oportunamente su presencia en una metrópoli cada  vez más exigente ni en las provincias de su vasto territorio. 18 años después, la UPEA no sorprende al arrinconar al gobierno central y generar un conflicto que escala y que bien pudo resolverse más allá del regateo y la poco convincente ley que dispone el subsidio de 70 millones de bolivianos de los 250 demandados.

Es verdad que la revisión de la ley de coparticipación hubiera provocado un sismo en el seno mismo del sistema público de educación superior. La modificación de una ley distributiva de transferencias fiscales debiera darse en el marco del tratamiento integral de un pacto fiscal al que el Gobierno da largas sin convicción. El pacto es el cuento del nunca jamás. La insurgencia alteña ocurre a la par que el Gobierno se empeña en asfixiar financieramente a los municipios y gobernaciones, predominantemente liderados por autoridades opositoras. Entretanto, los gobiernos autónomos pro MAS se resignan con las transferencias generosas y compensatorias del programa “Bolivia Cambia Evo cumple” y no temen la aplicación de la inconstitucional cláusula de suspensión de alcaldes abrumados por la inclemente maquinaria de una justicia domesticada.

El conflicto de la UPEA, y el colapso de servicios de salud, ocurre cuando suma la evidencia de obras fallidas, de mini y mega elefantes azules de mala calidad o en desuso, financiados por el programa “Bolivia Cambia Evo cumple” a lo largo y ancho del país. Cortar la cinta es su oficio preferido y poco le importa a Evo inaugurar un coliseo en una comunidad carente de agua potable y alcantarillado, ni la impotencia de gobernaciones materialmente imposibilitadas de bancar sus obligaciones con los hospitales de tercer nivel y servicios especializados que debieran contar con el apoyo concurrente de un vigoroso Ministerio de Salud.

El presupuesto asignado al programa presidencial escandaliza. Los años 2015 y 2016, se presupuestó 3.511 millones y 2.144 millones de bolivianos respectivamente. El 2018, de acuerdo al SIGEP, el presupuesto del Ministerio de la Presidencia superaba los cuatro mil millones de bolivianos. Ya en su momento, la Fundación Jubileo alertó que los recursos de la Presidencia superaban a los destinados a 14 ministerios y que sus inversiones se equiparaban al monto de nueve gobernaciones juntas.

El programa es el lubricante de un inédito y exitoso, mecanismo clientelar. Los recursos del “Evo Cumple” son intocables aun cuando la ola de conflictos y carencias obligan a raspar la olla y priorizar inversiones  de mayor calidad y relevancia. 

Insisto, llegó la hora de interpelar la discrecionalidad e improvisación que caracteriza el uso de los millonarios fondos destinados a municipios, sedes sindicales y un largo etcétera que plantea más preguntas que respuestas. Urge desmontar un dispositivo que plataforma el culto a la personalidad de un ilegal candidato presidente que aspira perpetuarse en el poder . Resulta anacrónico, más aún cuando se inicia la discusión del proyecto de ley de organizaciones políticas, con miras a generar condiciones de funcionamiento y de competencia electoral igualitaria y plural. Administrado bajo la tutela del Ministerio de la Presidencia y la infaltable presencia de Su Excelencia, convertido en   alcalde supremo y benefactor, el programa trastoca los principios autonómicos. Diluye la institucionalidad y entroniza al monarca ¡Ironía e impostura del proceso de cambio! ¡un programa convertido en legado y trofeo de perpetuación caudillista y prebendal y cuyo tufillo facistoide hoy resulta imposible disimular!

 

La autora es psicóloga, cientista política y ex parlamentaria

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