Dávila dice que es “absurdo” pretender que Mesa pague el daño económico por Quiborax
La exministra de Comunicación, Amanda Dávila, aseguró hoy que pretender que el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, pague los 42,6 millones por el caso Quiborax es algo “absurdo”.
“El daño económico que lo devuelva Mesa me parece eso absolutamente absurdo porque aquí lo que se está jugando es el interés mayor, el beneficio mayor que tiene un país de defender sus recursos naturales”, dijo Dávila en entrevista con Panamericana.
El fin de semana el ministro de Economía, Mario Guillén sostuvo que el expresidente debe hacerse responsable del monto millonario que pagó Bolivia. “Los procesos que se han iniciado contra el expresidente Mesa van justamente a la recuperación de los 42,6 millones, porque si producto de una mala actuación, como lo que ha pasado en este tiempo” indicó.
“Creo que la medida que tomó el expresidente Mesa en ese entonces fue una medida positiva y acertada porque la obligación de todo Estado y Gobierno debe ser defender los intereses de un país”, enfatizó Dávila.
Sin embargo, dijo que Mesa como presidente de Bolivia, pese a su actuación “valiente” frente a Quiborax, asumió una postura “tibia” frente a otros intereses del país cuando asumía el mando del país.
La exministra de Comunicación salió ayer en defensa del expresidente Mesa y dijo que no debería ir a la cárcel porque actuó en defensa del país al revertir las concesiones a la chilena Quiborax a la que calificó de "mafiosa".
"El expresidente Carlos Mesa no debería ir a la cárcel ni hoy ni mañana pues actuó, durante su gestión, contra la mafiosa chilena #Quiborax en defensa del país; eso no tiene precio, pienso yo", escribió Dávila en sus redes sociales.
Finalmente Dávila afirmó que dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) existe libertad de opiniones y que su apoyo a Mesa responde a la “diversidad de criterios” que se da en el debate interno del partido oficialista.
Defiendo el principio de la nacionalización, bandera de nuestro proceso y de nuestro Presidente Evo. Estado y gobierno bolivianos tienen el deber de proteger los intereses, la dignidad y soberanía del país contra empresas extranjeras mafiosas y agencias intervencionistas https://t.co/LmoGAcn80y
— Amanda Dávila (@amandadavilat) 25 de julio de 2018
Antecedentes del caso Quiborax
La empresa chilena Quiborax, representada por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, comenzó a operar en Bolivia hace más de 16 años con exploración del mineral no metálico de ulexita en el Salar de Uyuni, en Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA.
Sin embargo, en 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Mesa, se determinó revertir las concesiones mineras que tenía Quiborax en esa región potosina.
En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación con el Gobierno, la empresa chilena demandó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a Bolivia por 66 millones de dólares.
En septiembre de 2015, Ciadi falló a favor de Quiborax, estableciendo en 48,6 millones de dólares el monto de indemnización. Bolivia apeló de inmediato; sin embargo, el 18 de mayo de 2018, Ciadi desahució el laudo nacional y a través de un fallo confirmó los montos establecidos en 2015.
El Gobierno boliviano cumplió con el fallo que dictó el Ciadi y acordó un pago de 42,6 millones de dólares a la empresa chilena, tras un acuerdo con la misma.
