Gómez, del MAS, no aparece; sólo Mérida va a audiencia por audios
El diputado Lucio Gómez, del MAS, mencionado en el caso audios de corrupción II sobre sobornos y cuoteo político en la Alcaldía de Quillacollo aún no es aprehendido. La Fiscalía emitió la orden para su aprehensión el 29 de julio.
En tanto, el alcalde suspendido y de oposición, Eduardo Mérida, fue detenido el lunes por tercera vez y hoy será su audiencia cautelar, al igual, que la de otro exfuncionario.
Fuentes cercanas al legislador expresaron ayer que el diputado y exdirigente del Transporte iba a presentarse a la Fiscalía, pero no llegó.
En tanto, personal de la Cámara de Diputados, en la ciudad de La Paz, informó ayer que el parlamentario no asistió a la sesión de su comisión ni fue visto por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El Ministerio Público investiga a 10 autoridades, exautoridades, funcionarios, exfuncionarios y empresarios por el caso audios. Uno de los procesados es el diputado.
Aunque el caso audios II está abierto desde enero, en la última semana el Ministerio Público amplió las pesquisas contra 10 sospechosos, entre ellos Mérida y Jayta, por la declaración del exsecrerario general del alcalde suplente Zacarías Jayta, Jesús Saldívar. En tanto, que hace 10 días se filtró 37 audios en los que se devela indicios que el diputado digitaba los cargos en la Alcaldía.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, evitó ayer dar detalles sobre las actuaciones de los tres fiscales porque la investigación está en reserva.
“Tenemos una serie de indicios, parte de los audios que involucran a varias autoridades de la Alcaldía de Quillacollo (…), hay varios mandamientos de aprehensión y allanamientos”, sostuvo.
El caso audios II surgió el 9 de enero a denuncia de Mérida y otros contra el exalcalde Zacarías Jayta y el expresidente del Concejo Víctor Osinaga (MAS) por coimas.
El lunes la Fiscalía instruyó la aprehensión de Gómez (diputado), Eduardo Mérida (alcalde suspendido), Israel Aleluya (cobrador de coimas y contratista), Osman Ponce (jefe de Personal de Salud), Henry Crespo (jefe de Transportes), Noé Baspineiro (director de Educación gestión de Mérida), Nedenka Mercado (secretaria de Grover Corrales exsecretario general), Florens
Amado (exsecretario Finanzas gestión de Jayta), Gerson Escalera (jefe de Personal gestión de Jayta) y Ronald Carvallo (empresario).
Actualmente, sólo Mérida y Escalera fueron imputados. Los funcionarios Crespo y Ponce no acudieron ayer a trabajar a la Alcaldía.
Investigación profunda
La senadora Carola Arraya, del MAS, exhortó al diputado Lucio Gómez a pedir licencia en el Legislativo para poder defenderse del proceso.
“Pedimos una investigación profunda y con total celeridad, porque es lo mínimo que quiere la población de Quillacollo, que ha estado manejada por malos políticos”, subrayó la legisladora del MAS.
FISCAL GENERAL DICE QUE HAY INDICIOS DE CORRUPCIÓN, PERO RIGE TERCERA RESERVA
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó ayer que existen indicios (audios, videos y testigos) para investigar a autoridades municipales, funcionarios y exfuncionarios por presuntos actos de corrupción en Quillacollo.
Lanchipa mencionó que varias personas son investigadas por el caso audios II y subrayó que no puede dar detalles del trabajo que realizan los fiscales porque se debe respetar la reserva de caso. Se conoce que en tres oportunidades ya se dictó reserva en las pesquisas.
La primera fue el 5 de junio, después de que el excoordinador de la secretaría general, Jesús Saldívar, amplió su declaración. La segunda restricción se determinó el 12 de julio, luego de que el exsecretario general, Grover Corrales, se sometió a un juicio abreviado en el que logró una condena de cuatro años por participar en cobros irregulares en la gestión del exalcalde Zacarías Jayta.
La tercera reserva fue el 19 de este mes, tras la filtración de 37 audios que implican al diputado Gómez.
El caso audios II que involucra a autoridades, funcionarios y exfuncionarios en cobros irregulares y cuoteo de cargos es uno de los que tiene mayores restricciones en cuanto acceso a información. En tanto que la Fiscalía no procede de forma similar con el Mochilas II, donde se procesa a un Alcalde de oposición. Por el caso audios, tres imputados ya fueron detenidos.
