Desafíos de la educación superior ante la perspectiva de un nuevo gobierno

En 18 días, los bolivianos concurriremos a las urnas, no por cumplir una mera formalidad legal, sino por una obligación ciudadana y social. De allí saldrá un jefe del Ejecutivo y un Legislativo, dos de los cuatro poderes constitucionales que deberán encarar –a partir de enero de 2020– grandes desafíos que todos quienes estamos involucrados en el ámbito de la educación avizoramos, y que emergen de la urgencia de atender los grandes problemas de la educación superior boliviana.

Existen en Bolivia, alrededor de 65 universidades, entre públicas, privadas, campesinas y de régimen especial. Quince de ellas se encuentran agrupadas en el denominado “Sistema de la Universidad Boliviana” (SUB), que comprende al conjunto de universidades públicas, autónomas, y también a la Universidad Católica Boliviana (UCB), la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), la Universidad Policial y la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB).

Resulta extraño que el SUB pretenda desconocer la existencia de casi un medio centenar de otras universidades bolivianas privadas, también bolivianas, al no reconocer los diplomas y títulos que éstas extienden; y al exigir a sus graduados y titulados la revalidación de sus diplomas y títulos, cual si estas fueran universidades extranjeras.

Es tradicional y entendible la necesidad de una revalidación de títulos profesionales a graduados de universidades del exterior, más no así la de diplomas, especialmente de cursos de posgrado, pues para reconocerlos basta una comprobación, por los canales y medios actualmente disponibles de su legalidad y calidad. Exigir tal requisito a graduados de universidades bolivianas, constituye una vulneración de la ley 070 y la propia CPE.

El año 2003, el suscrito participó de un estudio para el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) relacionado con las diferencias y aplicabilidad de los diplomas y títulos en Bolivia, cuyos resultados sirvieron para intentar reglamentar esta importante materia en el X Congreso Nacional de Universidades. Y en mayo de 2006 preparamos otro estudio sobre los mismos temas, para Iesalc-Unesco. Es lamentable advertir cómo algunas universidades del SUB, pese a estos antecedentes, exigen revalidaciones y reconocimientos de diplomas de posgrado, perjudicando con estos trámites tanto a jóvenes talentos bolivianos con formación de posgrado, que retornan al país, como a las propias universidades del sistema.

En este artículo me refiero especialmente al posgrado, dejando para otra oportunidad analizar las particularidades del grado. Nos preocupa de sobremanera la escasa formación a nivel doctoral (Ph.D., philosophie doctor o doctor en filosofía) y de maestría en ciencias (M.Sc., magister scientiarum o master en ciencias), grados académicos que se especializan en investigación. Los relativamente escasos posgraduados científicos que desempeñan sus tareas científicas en el país, salvo honrosas excepciones, son formados en universidades del exterior.

Ello se traduce, de alguna manera, en la debilidad del sistema de ciencia y tecnología boliviano, de las universidades para cumplir su tercera misión; y en un mero sueño el cuarto pilar de la Agenda del Bicentenario. 

A pesar de contar con varias de nuestras universidades con excelentes centros de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) , con reconocimiento y relaciones internacionales; con talentos de gran nivel, así como un plan nacional de ciencia, tecnología e innovación, elaborado a nivel estratégico por el viceministerio de Ciencia y Tecnología y otro de nivel táctico, propio del SUB, no se logra superar la oferta posgradual, la misma que permanece limitada a lo profesionalizante, siendo extremadamente reducida o incipiente su oferta científica.

A manera de hipótesis planteamos la convicción de que no basta construir modelos de universidad, sino que, de forma paralela, deberán elaborarse y promulgarse leyes específicas y sus respectivos reglamentos, como ser la ley de Educación Superior y una ley conexa de Fomento de la Ciencia, Tecnología e Innovación, en reemplazo de la extemporánea y nunca reglamentada Ley 2209 de 8 de junio de 2001. Esto requerirá de políticas frescas y renovadoras y una nueva Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), generadas y aplicadas por el nuevo gobierno que empezará sus funciones en enero próximo, cualesquiera sean los resultados de las elecciones de octubre.

El autor es académico dedicado a la investigación y la docencia