Revalorizar la constitución

El gobierno transitorio de Jeanine Áñez Chávez tiene como tareas fundamentales no sólo conformar el nuevo Tribunal Supremo Electoral, convocar a elecciones generales, y la pacificación total del país, sino también revalorizar el Estado Constitucional de Derecho. No se trata de una exageración si tomamos en cuenta que durante los 14 años del gobierno de Evo Morales, hubo un verdadero desmontaje del sistema constitucional boliviano.

La angurria por el poder de Evo Morales parecía que no tenía límites y fue el caldo de cultivo para generar una crisis del sistema constitucional y político, que terminó minando la propia legitimidad del gobierno. El Movimiento al Socialismo se encargó, en efecto, de torpedear sistemáticamente la Constitución, que juró defender en la ciudad de El Alto y la institucionalidad del Estado. Y lo hizo de forma grosera, desconociendo el resultado del referéndum del pasado 21 de febrero de 2016, y luego influenciando al Tribunal Constitucional para vulnerar el artículo 168 de la Constitución. 

Y como el objetivo de Evo Morales y Álvaro García era conseguir la repostulación, prohibida constitucionalmente, no tuvieron ningún reparo no sólo en instrumentalizar la Constitución para sus fines partidarios sino también los Convenios y Pactos Internacionales. El MAS consiguió, en este sentido, que el TCP declare inaplicable algunos preceptos de la Ley N° 026 y la Constitución, que limitan la reelección presidencial de manera continua.

La concentración del poder en el Ejecutivo terminó licuando la vieja teoría de la separación de poderes. La Constitución (art. 12) proclama que el “Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral”, y “la organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos”. 

A lo largo de estos 14 años hubo una “desconstitucionalización” del ordenamiento jurídico boliviano, que supuso la pérdida de ciertos postulados claves del movimiento constitucionalista de corte liberal como el principio democrático, el régimen representativo y la clásica división de poderes. Las prácticas autoritarias impusieron una sistemática degradación de la Constitución, sus principios y valores; es decir, se impuso un sistema político autoritario al margen del sistema constitucional.

 El progresivo deterioro del sistema constitucional boliviano proyectaba un nuevo orden, con otros principios y creencias, pero bajo el ropaje del mismo texto constitucional. En palabras de Néstor Pedro Sagüés, la desconstitucionalización puede proyectarse hacia situaciones más sutiles, propias del llamado desmontaje o desvalorización constitucional, cuando una regla constitucional no es formalmente cambiada, pero sí resulta desvirtuada, pervertida, bloqueada o desnaturalizada, especialmente por prácticas, costumbres o interpretaciones manipulativas de la Constitución, que en definitiva producen una caída en el vigor jurídico del precepto constitucional sancionado en su momento. En todo este proceso de descomposición de los valores y tradiciones republicanas, varios preceptos dejaron realmente de aplicase, a veces incluso con sustitución del contenido constitucional, por más que el operador simule que los estaba haciendo funcionar a plenitud. 

El autor distingue entre la descontitucionalización de una norma constitucional, que significa su vaciamiento o desmontaje y, otra su quebrantamiento, ya que en este último caso el precepto sigue en vigor, por más que haya sido infringido en una situación específica. Sin embargo, si en un país se dan situaciones de quebrantamiento de múltiples reglas constitucionales importantes, como venía ocurriendo en Bolivia, puede hablarse de una crisis de constitucionalidad lindante, o similar, llegado el caso, con un estado de descontitucionalización. 

En cualquier caso, urge no sólo concretar la agenda política (nuevas elecciones, limpias, competitivas y transparentes) sino también revalorizar el Estado Constitucional de Derecho y recomponer igualmente toda la institucionalidad del aparato estatal. El respeto a las minorías, la tolerancia política, el consenso, el diálogo, el debate democrático, la libertad de expresión, parecen imprescindibles para una verdadera convivencia democrática. Los cambios tienen que ser sistémicos e integrales, que incluyan aspectos políticos, económicos, e institucionales y en todo estos quehaceres hay que comprometer a los órganos del poder público y a la sociedad en su conjunto.

El autor es jurista y autor de varios libros.