Velasco escucha quejas de víctimas de la “injusticia”
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, escuchó ayer por más de siete horas las denuncias de 183 personas que sufren por la retardación de justicia en el municipio de Quillacollo, a quienes también les ofreció el servicio gratuito de al menos 18 abogados para atender cada caso.
Durante este tiempo denominado “Hablando con la Ministra”, la autoridad conoció varios hechos que involucran a operadores de justicia que serían parte de consorcios de jueces, abogados y fiscales acusados de engañar, extorsionar y estafar a estas personas en distintos procesos.
Estos datos “nos van a servir de insumo para la evaluación a estas autoridades, toda vez que en la Cumbre Nacional de Justicia ha salido esta propuesta de evaluación para reestructurar nuestros tribunales en los nueve departamentos”.
Velasco remarcó que a veces “revictimizan a las personas, tenemos que informar, orientar cómo tiene que hacer su proceso. Estamos para dar toda la atención gratuita a todos nuestros hermanos, entendemos que ha venido desde muy lejos y vamos a dar prioridad”.
Agregó que “a veces uno busca justicia y nunca llega, los pobres están en las cárceles, los pobres están perdiendo sus casas, lotes, incluso, pierden la vida y por eso nosotros vamos a dar un abogado para solucionar su problema que puede ser incluso la vía conciliatoria”, camino que muchas veces es desechado por los abogados con el fin de cobrar más dinero a sus clientes.
Velasco también señaló que el personal del Registro Público de Abogados tomó nota de todas las denuncias específicas contra abogados porque desde esta instancia “se podrá sancionar” a estos profesionales que no cumplen con su labor y que, al contrario, “perjudican a la población más necesitada”. “Ellos que son de escasos recursos, no tienen platita y si bien pagan a los abogados no hay esa confianza. Los abogados hacen un cobro excesivo sin dar ningún resultado, han estado cobrando 10 mil bolivianos de una declaratoria de herederos y no está bien”, indicó.
Las personas denunciaron procesos que datan de varios años y que incluso, en la mayoría de los casos, llegaron hasta tribunales de Sucre. Lamentaron que los fallos nunca salen a su favor.
Se escuchó casos de allanamientos ilegales, apropiación de viviendas y de herencias, y acusaciones falsas. En su mayoría las personas afectadas eran de aspecto humilde y de la tercera edad.
Preparan ley para aplicar resultados de la Cumbre
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, explicó que para implementar los resultados de la Cumbre Nacional de Justicia se requiere una ley específica que autoriza la conformación de una comisión de alto nivel para que inicie con su trabajo.
Advirtió que el proceso de implementación no será rápido tomando en cuenta que algunos resultados están definidos para ser ejecutados en un corto tiempo, mientras que otros están previstos para un mediano y largo plazo. “Estamos proyectando una ley porque se tiene que implementar (con una normativa), eso estamos trabajando”, para luego presentar la norma ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El planteamiento que causó más polémica fue el endurecimiento de penas: cadena perpetua para los casos de violación a menores seguida de muerte, la acumulación de penas y sanciones más drásticas para los reincidentes.
También se aprobó un plazo de 120 días para iniciar con los procesos de evaluación a todos los administradores de justicia con el fin de iniciar un proceso de reestructuración que empezará con el personal en todas las instancias.
