Gobierno y dirigentes del trópico se acusan; la pesquisa no avanza
El Gobierno nacional y los dirigentes del trópico de Cochabamba continúan intercambiando acusaciones sobre la agresión a periodistas de Unitel y El Deber. A esto se suma que tampoco logran implementar un plan de contingencia para evitar la propagación del coronavirus en la región.
La investigación para dar con los responsables del ataque a trabajadores avanza lentamente, mientras la tensión aumenta en la zona a pocos de días de concretarse el ingreso de brigadas médicas para detectar casos sospechosos de Covid-19.
Ayer, la misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en Bolivia instó a través de su cuenta de Twitter a las autoridades a indagar los ataques contra periodistas.
“La Misión está preocupada por la violencia y hostilidad contra periodistas registradas en las últimas 24 horas en los departamentos de Cochabamba y La Paz; llama a los actores involucrados a respetar la labor de los medios e insta a las autoridades a brindar protección e investigar los hechos”, señala el comunicado.
El comandante regional de la Policía, Silvio Lotty Terrazas, sostuvo que se trabaja para identificar a las personas que participaron en la retención.
El viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, reiteró que se evalúa la posibilidad de enviar más policías y militares para precautelar la integridad de médicos y enfermeras que harán el “rastrillaje casa por casa”.
“Los pobladores están nerviosos. Gran parte de la población está vinculada al narcotráfico, se tocaron intereses y por eso agreden a periodistas y personal de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos)”, dijo.
La autoridad gubernamental señaló que los dirigentes instigan a la gente a actuar con violencia.
Por su parte, el vicepresidente de la Seis Federaciones del Trópico, Andrónico Rodríguez, mencionó, en contacto en Radio Kausachun Coca, que el Gobierno nacional utiliza la agresión a trabajadores de Unitel como excusa para militarizar la zona.
“Lo que pasó con Unitel es reprochable, pero tampoco es para que el Gobierno empiece a querer militarizar todo a nombre de ese incidente. Están queriendo estigmatizar al trópico diciendo que es zona ilegal y tildándonos de delincuentes y narcotraficantes y encima dicen que quieren venir a ayudarnos”, afirmó.
Rodríguez indicó que las autoridades del nivel central “exageran” en sus declaraciones sobre la retención de trabajadores de la prensa, pese a que en redes sociales circulan videos en los que se puede observar que una turba secuestró y destrozó los equipos de los trabajadores de la prensa.
En las imágenes también se observa que algunos pobladores rodean y pinchan las llantas del vehículo que trasladaba a los periodistas. Estos, además, denunciaron que los amenazaron con lincharlos.
La Asociación y la Federación de Periodistas de Santa Cruz pidieron también el jueves al Gobierno que indague y castigue a los agresores.
Los equipos de prensa agredidos fueron a realizar una cobertura sobre la propagación del coronavirus en la zona.
INTENSIFICAN MEDIDAS PARA EVITAR PROPAGACIÓN DEL VIRUS
REDACCIÓN CENTRAL
Personal de las cinco alcaldías del trópico en coordinación con la Policía reforzó los operativos de control para verificar que la población cumpla con las medidas básicas de bioseguridad como el uso del barbijo y el distanciamiento social, según el reporte de medios locales.
Uniformados y funcionarios de Entre Ríos recorrieron ayer bancos, surtidores y mercados para exhortar a la población a cumplir con las medidas de protección. En los espacios públicos se verificó que la gente se aglomera.
“Muchas personas que están haciendo fila vienen desde Yapacaní, incluso de Montero, a los bancos a cobrar los bonos. Les estamos pidiendo que guarden el metro distancia en la cola”, expresó un funcionario.
El trópico concentra 387 casos y 26 fallecidos por la Covid-19. La cifra equivale al 28 por ciento y al 45 del total de casos registrados a la fecha por el Servicio Departamental de Salud (Sedes).
Entre Ríos lidera la lista de infectados con 147, Puerto Villarroel tiene 86, Shinahota 78, Chimoré 47 y Villa Tunari 29.
El alcalde de Puerto Villarroel, Senobio Claros, expresó que se prioriza la habilitación de centros para aislar a los pacientes con síntomas leves o a los asintomáticos para que no colapsen los centros de salud. Remarcó que en su municipio se determinó encapsular a la comunidad indígena yuqui tras confirmarse seis contagiados.
