Y después de esto, ¿quién viene?

Morales apuntó a la cúpula gubernamental en materia de narcotráfico y logró que se destituya al ex director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), José María Velasco, y al exjefe nacional de Umopar, Jaime Arancibia, hombres de “confianza del niño Ministro”, que responde sólo al Presidente (razón por la cual Morales no lo acepta).

Probablemente sea un riesgo calculado o “daño colateral” de su denuncia que se encause también al ex comandante de Umopar de Chimoré, Yerko Terán, quien se convirtió en denunciante del caso “narcollamadas”, porque fue quien denunció los hechos ante la fiscalía de Chapare y reforzó con un relato impecablemente efectivista de poco más de 10 minutos, en una improvisada conferencia de prensa, en lo que parecía ser el aeropuerto de Cochabamba a los primeros citados. Terán grabó las conversaciones con ambos jefes, de quienes recibió la orden de salir de las fábricas de cocaína “en Z” y tiene que haber sido quien, con seguridad, entregó (por interpósita persona) los audios que Morales usó para atacar al Gobierno, pero que no llegó directamente a Arce, quien no sólo no se refirió a ello, porque estaba saliendo a Argentina donde cerró un particular negocio con el presidente de ese país, de venta de más gas y el acortamiento de contrato, negocio tremendamente curioso entre uno que no tiene gas y otro que no tiene plata. En fin, veamos cómo termina eso. El tema que nos ocupa es la protección al narcotráfico y la disputa que libran los cárteles políticos que se pelean por el control de lo que ello significa en un Chapare que produce coca para el narcotráfico porque no se consume como “acullico” (véanse informes de Unodc y mi libro Coca, territorio, poder y cocaína, sobre cuál es la coca que se consume y va a mercados legales).

Puede que suene muy fuerte aquello de “los cárteles políticos”, pero la verdad es que todo apunta a ello, porque si Morales logró descabezar al equipo de lucha contra el narcotráfico quiere decir que la próxima élite de la Felcn y la gente encargada de la desigual lucha contra el narcotráfico deberá ser concertada con el líder cocalero que ya probablemente, teniendo a alguien de confianza, no denunciará el encubrimiento a la actividad que crece cada día más.

Encubrimiento y complicidad con el narcotráfico hay en Chapare desde siempre; si la coca no se acullica y no va a los mercados legales es claro que se produce para fabricar cocaína; esa misma coca fue causa del nacimiento y crecimiento de la idea de que el cocalero podía llegar al poder si acaso acertaban en el líder (trabajo de Filemón Escobar que se asumió responsable y arrepintió de ello, hasta el último día de su vida).

Acertaron con el líder y lo hicieron presidente; en los inicios de su gobierno se transó con los narcos, mantuvieron perfil bajo, no hubo violencia (no la hay hasta ahora) y se evitó, por un tiempo, que el trópico tenga fábricas de cocaína; las sacaron fuera de Cochabamba, las llevaron a las provincias cruceñas, sobre todo a Yapacaní, San Germán y a los territorios de laimes y cacachacas entre Potosí y Oruro (donde se llegó a producir cocaína líquida).

Si se trata de confirmar o reforzar lo dicho, tal vez valga la pena recordar esta frase: “Mientras haya harina va a haber pan y mientras haya coca va a haber cocaína; quien tiene que controlar esto es el Gobierno”; eso lo dijo Freddy Machaca, dirigente del distrito 2 de Yapacaní, a El Deber, en 2012. Lo demás sobra.

No se trata por tanto de que se habla sin respaldo; varios hombres importantes de los círculos de confianza de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce están involucrados con el narcotráfico; encubrir, ordenar “la exfiltración” de una serie de factorías de narcotráfico y un gran laboratorio son muestras evidentes de ello; no hay dónde perderse.

Veamos. René Sanabria (2011), Oscar Nina (2015) Gonzalo Medina (2019, no fue jefe de la Felcn, pero encubría a narcos locales y mantenía relaciones sociales con ellos), Omar Rojas, (2021, no fue Jefe de la Felcn por su grado, pero manejaba un cártel boliviano con capacidad de enviar cocaína al Caribe con la intención de llegar a EEUU), Maximiliano Dávila (2022, recordar el caso del aeródromo Mundaka-La Cruceña, liberando a un “pez gordo” colombiano y dejando sin efecto un operativo) y ahora, José María Velasco y Jaime Arancibia (2022) y, de paso, Yerko Terán, quien se encargó de hacer las grabaciones, que sirvieron para que Evo Morales destape el último caso, en Cochabamba. También dieron detención domiciliaria a un oficial (capitán), quien se encargó de hacer otras grabaciones que son de conocimiento público.

En todos los casos hubo protección y encubrimiento al narcotráfico, de manera que aquello de “presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes”, evadiendo la palabra narcotráfico, lo mismo que a Maximiliano Dávila, a quien hasta ahora no encausan por narcotráfico, es un eufemismo jurídico que denota protección del Estado a los actores que ejecutan órdenes y probablemente sea una especie de transacción entre los operativos y los que toman decisiones políticas; es un hecho evidente que quien protege a un narcotraficante, quien facilita su evasión, es parte de una banda o cártel, así sea desde afuera; si recibió o no órdenes, es lo que está en cuestión.

Y es que nadie que deje un operativo en una megafactoría y megalaboratorio de cocaína, como el del 25 de marzo en el Chapare, puede ser visto simplemente como alguien que omitió cumplir con sus deberes; al contrario, sólo resta saber si lo hizo por decisión propia o porque “recibió órdenes del poder político y las transmitió”: es lo que se debe investigar.

No es por tanto sólo una lucha política la que está en juego; censurar a Del Castillo o no es un recurso político que le puede dar poder a Morales, porque si no lo censura pasará a compartir el control del Ministro con Arce; si lo censura y lo saca, gana, porque el próximo será compartido y si lo censura y no lo saca, porque Arce no da el brazo a torcer, puede llevar a Evo Morales a hacer fuerza desde su bancada (Loza y otros cocaleros y algunos que aún le son leales, aunque Andrónico no da esas señales) y negociar cualquier necesidad política que tenga Arce. Como sea, en política el tema puede ir por ahí.

Lo que está en juego, repito, es una guerra interna de los cárteles políticos. El tema es quién pone a los jefes de la lucha contra el narcotráfico, que es, probablemente, la mayor preocupación del cocalero, que debe justificar sus sembradíos y poder; sin ellos, ¿qué valor tiene Evo Morales para el último reducto de poder que le queda?

El tema es ese; Arce ya perdió con su equipo (los pillaron con los audios en manos de quien menos debía tenerlos); si los impone Evo Morales, recupera la calma para el Chapare y le da cierto respiro a Arce, que hasta ahora parece saber qué hace en el mamotreto que está detrás del Palacio Quemado.