La pobreza eléctrica de los bolivianos

El subsidio al gas natural que se quema en las termoeléctricas permite a Bolivia mantener las tarifas de electricidad entre las más bajas del continente, aproximadamente 0,12 $/kWh (0,82 Bs/kWh) para consumos domiciliarios mensuales de hasta 100 kWh.

Los subsidios tienen sentido en la medida en que tienen fecha de caducidad y están realmente destinados a la población más vulnerable, pero son costosos y perjudiciales para las inversiones, la economía y el medio ambiente. Apelando a una metáfora, los subsidios se asemejan a las transfusiones de sangre: son necesarias ante la debilidad extrema del paciente, pero perjudiciales si se las realiza continuamente.

Adicionalmente, tiene vigencia en el país un ulterior subsidio, llamado Tarifa Dignidad (TD), que, al margen de sus buenas intenciones, tiene efectos perversos sobre la gente.

La TD consiste en un descuento del 25% para consumos menores a 70 kWh mensuales, cuyo costo es financiado por las mismas empresas del sector eléctrico. Por ejemplo, un usuario que consume 50 kWh paga mensualmente Bs 30, en lugar de Bs 40.

La Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), cuyo nombre revela el disparate de incorporar la tecnología nuclear (un servicio de salud) al sector energético, publica en su última memoria anual, correspondiente a 2020, datos preocupantes sobre el comportamiento de la TD entre 2006 y 2020 (15 años), entre los cuales destaco los siguientes.

En primer lugar, el número de beneficiarios de la TD ha ido aumentando constantemente, pasando de 492.000 (2006) a 1.295.000 (2020); o sea, las transfusiones de sangre se han incrementado. Ese dato contradice poderosamente la propaganda gubernamental acerca de la reducción de la pobreza en el país, considerando que el consumo de energía eléctrica es considerado universalmente un indicador del nivel de bienestar.

Luego, se observa que esa “pobreza eléctrica” no es uniforme a lo largo del país: la TD rige más en Potosí (74% de los usuarios) y menos en Santa Cruz (24%); brecha que confirma la correlación entre TD y pobreza. A escala nacional hemos pasado del 41,7% al 48,7% de los beneficiarios de la TD en 15 años, cuando uno esperaría que la bonanza del ciclo del gas hubiera reducido el número de necesitados.

A su vez, el monto gastado en ese subsidio llega en promedio a 10 MM$/año, habiendo subido de 3,6 MM$ (2006) a 15,5 MM$ (2019), es decir, 4,3 veces más. Por tanto, en 2019 el ahorro promedio por beneficiario ha sido de 7 Bs/mes o el equivalente de 14 marraquetas.

En realidad, el talón de Aquiles de la TD es que de dignidad no tiene nada. Es fácil calcular qué se puede utilizar con esos 70 kWh: un refrigerador, de volumen y consumo normales, llega a gastar más de 50 kWh. Y no se diga que el refrigerador es un artículo de lujo. Si agregamos una ducha, un televisor, cinco focos leds, uno que otro aparato tecnológico y una plancha, sobrepasamos con creces el consumo “digno”.

“Vivir bien” significa también vivir con un mínimo de comodidades que la electricidad suele proporcionar. Por eso, me atrevo a sugerir dos medidas sencillas en la línea de vivir dignamente y de llegar con el subsidio a los más vulnerables, en vista de que no todos los beneficiarios de la TD son pobres. Concretamente, propongo subir el consumo de la TD hasta 100 kWh (en Ecuador es de 110 kWh) y aplicarla a los usuarios que a) consumen menos de ese tope todos los meses del año, para descartar a los que sí pueden pagar la tarifa normal al menos un mes al año, y b) que no tengan conexión de gas domiciliario, para que no se beneficien del doble subsidio social.

En fin, en busca de una justa aplicación de los subsidios, ¿por qué no empezar con la reforma de la TD?