Veedores dejan proceso de elección de contralor; ven vulneración a CPE
La alianza Observación Ciudadana de la Democracia, la Ruta de la Democracia y la Fundación Jubileo denuncian una posible ruptura del orden constitucional en Bolivia, porque la Resolución 178/2022 de la Sala Constitucional Cuarta del Distrito Judicial de La Paz deja abierta la posibilidad de que el presidente Luis Arce designe, mediante decreto, a altas autoridades del Estado como el defensor del pueblo, contralor general del Estado, magistrados del Órgano Judicial y el fiscal general.
Tras esta denuncia, tanto la alianza Observación Ciudadana como la Fundación Jubileo determinaron alejarse de los procesos de designación como veedores ciudadanos.
Esto se da ante la falta de consenso e “incapacidad” de parlamentarios del oficialismo y la oposición para elegir al nuevo defensor del pueblo, que tiene estancado el proceso desde hace más de un mes. Además, la designación del contralor que, al tener el mismo reglamento de elección (cumple - no cumple), podría correr la misma suerte, explicó la una de las voceras de la OCD, Sandra Verduguez.
“Una resolución de este tipo pone en peligro la normativa de la Constitución Política del Estado porque le estaría quitando a la Asamblea esa potestad de deliberar y concertar la designación de estos altos cargos. Esto muestra la debilidad que existe en los parlamentarios para lograr consensos”, dijo Verduguez.
En tanto, el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, explicó que los parlamentarios, ante esa falta de llegar a consensos, debieron haber buscado mediadores que coadyuven en esa tarea.
“Lastimosamente, hay una vulneración a la Constitución. Se ve al órgano ejecutivo avasallar funciones de los otros órganos del Estado. Lastimosamente, tenemos una Asamblea Legislativa compuesta por políticos que no tienen capacidad de sentarse y concertar, acordar y negociar, cuando ésa es su misión”, dijo Núñez.
Añadió: “Si no son capaces de hacerlo (llegar a consensos), que busquen algún mediador que permita establecer las salidas para temas tan delicados como son la elección del defensor, contralor y otros”.
En la misiva que hicieron conocer a los medios señalan: “La Resolución 178/2022 (…) exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a designar un defensor del pueblo en 70 días”; caso contrario, “el Presidente podría nombrar mediante decreto a altas autoridades del Estado”.
Además, “la advertencia del ministro de Justicia, Iván Lima, que señala que tendrá que ser otro órgano del Estado el que tome medidas de emergencia para nombrar a altas autoridades demuestra que el Gobierno estaría decidido a violar la Constitución Política del Estado, a no respetar la independencia de poderes y a concentrar el poder en el órgano Ejecutivo”.
La designación del nuevo defensor del pueblo está estancada desde finales de mayo. En tanto, el proceso para designar a un contralor está en proceso.
27 de 30 aspirantes a contralor son economistas
De acuerdo con la lista de postulantes en carrera para la selección de contralor general del Estado, de 30 aspirantes, 27 corresponden a alguna rama de las ciencias económicas.
El diputado por el MAS Héctor Arce, miembro de la Comisión Mixta de Planificación, destacó que, luego de cumplirse la fase de verificación de requisitos de postulantes, 30 candidatos continúan en carrera de los 40 que se presentaron al proceso.
Según la información oficial ofrecida por la Cámara de Senadores, 17 aspirantes son profesionales en Auditoría, seis son contadores, tres son economistas, tres son abogados y uno es administrador de empresas.
