Denigrándonos no malograrán la reforma

Cuando estamos en los últimos trámites administrativos previos a la recolección de firmas para la reforma vía referendo ciudadano, la Contraloría General parece que quiere empañar nuestro trabajo.

En efecto, de la manera más sospechosa, este jueves 24 de noviembre, me han notificado con una “Auditoría Especial” elaborada en mi contra por los “puentes trillizos”, alegando falsamente que en dicha obra, concluida exitosamente hace 12 años, hubieran irregularidades y un supuesto sobreprecio de 3,1 millones de dólares.

No sólo que la Contraloría “demoró” una década en la auditoría, sino que el “Informe Preliminar” fue concluido el pasado 31 de diciembre de 2021, lo que significa que la “auditoría” estuvo guardada 11 meses, seguramente esperando el momento político oportuno para notificarme y hacerla pública, en el vano, pero ruin, intento de desprestigiarme y echar lodo sobre una gestión edil que los paceños siguen ponderando como una de las más transparentes y beneficiosas para nuestra urbe; se trata ahora de restarme credibilidad en la tarea de la reforma judicial que he emprendido junto a prestigiosos abogados. 

El proceder infame de Contraloría no es nuevo, pues hace más de una década que este órgano de control estatal ha sido convertido en mecanismo de persecución política contra los que somos contrarios al autoritarismo. Pero lo nuevo de la infamia es que ya el año 2010, terminada mi gestión y rota la alianza que el MSM tenía con el MAS, esa misma Contraloría presidida por un señor de apellido Herbas ya inició una primera auditoría por el mismo tema y, siguiendo instrucciones gubernamentales, apenas iniciada, remitió obrados al Ministerio Público, instaurándome nada menos que una acción penal por supuestos indicios de “contratos lesivos al estado”.

Seguramente ya casi nadie recuerda la suerte de esa tramoya jurídico-penal sacada de los pelos. Después de cuatro años, en los que desvirtué todos los cargos de la Contraloría, la fiscalía desestimó la denuncia y archivó los obrados, que hoy después de una década la misma Contraloría los está desempolvando.

La sindicación y la falsa auditoría es tan burda como inocua. En junio de 2007 contraté como alcalde, previa licitación pública internacional, la construcción de los puentes trillizos por un monto de 14 millones de dólares financiados por la CAF, bajo la modalidad llave en mano. Al año siguiente se desató una crisis económica internacional y los precios de los materiales, especialmente el acero, se dispararon en el mercado y la obra estuvo a punto de paralizarse y malograrse. Ello me obligó a convertir el precio del contrato de dólares a Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) para mantener el poder adquisitivo del precio convenido, y lo hice mediante una decisión gerencial como alcalde y con el pleno aval no sólo del Concejo sino del gobierno nacional, presidido por Evo Morales y por el ministro de Finanzas de la época, el actual presidente Luis Arce Catacora, quienes aprobaron el crédito adicional que también me otorgó la CAF para cubrir el incremento de 3,1 millones de dólares que compensaban las UFV.

Cuando expliqué y documenté que ese incremento del precio fue autorizado por Evo Morales y Arce Catacora, casi lo destituyen a Herbas, pero la denuncia penal ya estaba presentada y tuve que lidiar con los fiscales casi cuatro años.

Ahora, 22 años después, a la Contraloría se le ha ocurrido que, como no tengo responsabilidad penal, hay que buscarme “responsabilidad civil” porque supone que el incremento del costo de la obra constituye un sobreprecio que nos habríamos embolsillado mi persona, el exalcalde Revilla, cuatro concejales y cuatro técnicos de mi gestión, junto con el consorcio boliviano-colombiano-español que fue el que efectuó la construcción de esa magnífica obra, hoy al servicio de todos los paceños.

Claro que me defenderé y presentaré mis descargos, como lo hice con los 14 procesos judiciales que me endilgó el masismo desde 2010, cuando rompimos con un proyecto político que ya se mostraba autoritario, corrupto y contrario al interés nacional y popular.

Claro que demostraré que el supuesto sobreprecio es inexistente y que el mismo fue autorizado por Evo Morales y Arce Catacora y luego aprobado por una ley en el Congreso. Pero seguramente mis descargos irán al canasto si es que la inquina de la Contraloría estuviera promovida por el Gobierno.

Es que los gobiernos autoritarios no se detienen ante nada y mucho menos ante el prestigio de las personas. Si se tratare de una maniobra artera para desprestigiar la causa de la reforma judicial que estamos impulsando, están perdiendo el tiempo porque la reforma judicial ya es una causa nacional irreversible que, concretada en referendo, en su momento, barrerá también la bazofia instalada en la Contraloría.