La ONU, alarmada por el aumento de la violencia en protestas en Perú
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó ayer su preocupación por el agravamiento de la crisis política en Perú después de los sucesos en Juliaca, donde al menos 17 personas fallecieron el lunes en violentas protestas antigubernamentales en las inmediaciones del aeropuerto local.
“Estamos muy preocupados por el aumento de la violencia en Perú, que el lunes vivió uno de los días más mortíferos desde que comenzaron los disturbios a principios de diciembre”, indicó la portavoz de la oficina Marta Hurtado, desde Ginebra.
La portavoz señaló que de los fallecidos en Juliaca al menos nueve perdieron la vida por disparos, mientras que un trabajador sanitario falleció mientras intentaba prestar ayuda.
“Instamos a las autoridades a que lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre las personas muertas y heridas, y que se garantice a las víctimas el acceso a la justicia y a la reparación”, subrayó Hurtado en la nota de la oficina de la ONU.
El organismo también pidió a los manifestantes que “muestren contención” a la hora de ejercer su derecho a la protesta pacífica.
“Quemado vivo”
En Lima, el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, confirmó ayer que un suboficial de la Policía Nacional (PNP) murió tras ser “quemado vivo” por una turba que lo atacó en la ciudad de Juliaca.
El primer ministro, quien acudió al hemiciclo para pedir la confirmación parlamentaria a su investidura, relató que los manifestantes retuvieron hacia la medianoche del lunes un vehículo patrulla policial en una calle de Juliaca.
Tras indicar que “deplora” este ataque, hizo un llamado “al orden, a la paz y a la tranquilidad de todos los peruanos” y anunció que este miércoles se ha decretado un día de “duelo nacional”.
Otárola aseguró, además, que las autoridades del Ejecutivo darán “todas las facilidades” a la Fiscalía para que investigue las muertes en las manifestaciones.
Atentados
El presidente de la Corte Suprema y el Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo, denunció ayer que se produjeron atentados contra sus sedes en dos localidades de departamento de Puno.
Arévalo explicó que los ataques contra las dos sedes “han originado la destrucción de expedientes judiciales y daños a la infraestructura física, perjudicando principalmente la tramitación de procesos de carácter social”.
Destacó que “el ejercicio del derecho a la protesta es reconocido por la Constitución, pero no puede ser utilizado como instrumento para la violencia”.
Boluarte y sus ministros, investigados por Fiscalía
La Fiscalía de la Nación de Perú abrió ayer una investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte, tres ministros y dos exministros por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, a raíz de los 47 fallecidos y decenas de heridos en las manifestaciones de las últimas semanas.
El Ministerio Público informó, en su cuenta de Twitter, que la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, dispuso iniciar la investigación preliminar contra Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Asimismo, contra “Pedro Angulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros, y César Cervantes, en su condición de exministro del Interior”.
