Crisis migratoria en la frontera Perú-Chile se complica: hubo refriega
Más de un centenar de ciudadanos venezolanos y algunos haitianos y colombianos burlaron ayer por la mañana el débil cerco policial peruano que buscaba impedir el ingreso de extranjeros indocumentados que desde hace una semana se encuentran la Línea de la Concordia, en el límite de Perú y Chile y cerca de Tacna.
Los migrantes intentaban ingresar por la vía vehicular que une ambos países. Sin embargo, tras la negativa de la Policía peruana y luego de varias horas de discusiones y hasta enfrentamientos con los efectivos del orden, alrededor de las 10:50 de la mañana (11:50 en Bolivia), un grupo de extranjeros decidió salir de la pista, ir hacia el desierto y correr hacia territorio peruano.
Las decenas de policías desplazados en la frontera fueron detrás de ellos. Según el reporte de Canal N se escucharon algunos disparos al aire para que regresen a territorio chileno.
Minutos después, al lugar llegó personal de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía, proveniente de Lima, para obligar a quienes habían ingresado a que retornen a la Línea de Concordia.
Sin embargo, ciudadanos, principalmente colombianos, se enfrentaron a los policías y lanzaron piedras a los uniformados. La tensión se calmó alrededor de las 11:15 (12:15 en Bolivia). No hubo heridos ni detenidos.
300.000 ilegales
El superintendente peruano de Migraciones, Armando García, informó que más de 300.000 extranjeros ingresaron al país de manera irregular, sin pasar por ningún control migratorio, desde 2020 hasta la fecha.
Además, precisó que hay otro grupo de migrantes en Perú que tienen el carné de residencia o extranjería, pero que no ha sido prorrogado o válido en el transcurso de los años, cayendo en la irregularidad.
“Calculamos que son, aproximadamente, entre 100.000 y 120.000 personas extranjeras que estarían en estas condiciones”, declaró a RPP Noticias.
El jefe de Migraciones adelantó que se habilitará un nuevo permiso temporal de permanencia (PTP) para que, en un periodo de seis meses, se regularicen los extranjeros en situación irregular.
