Hay más de 30 procesos por límites que se arrastran 10 años
Los conflictos de límites son una bomba de tiempo en los municipios del eje metropolitano, porque derivan en bloqueos y enfrentamientos.
La Gobernación de Cochabamba recibió más de 30 denuncias por delimitación territorial de los municipios en los últimos 10 años, pero los procesos no culminan, informó el jefe de la Unidad Técnica de Límites, Ángel Pinto.
Desde la vigencia de la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, en 2013, las regiones intentan solucionar sus controversias.
Pinto explicó que, de los 30 procesos, algunos conciliaron y otros firmaron actas de “no conciliación”, por lo que el siguiente paso es hacer un referendo para que los habitantes decidan. En tanto, 13 procesos concluyeron “extraordinariamente”, porque los municipios renunciaron a conciliar.
Incertidumbre
La demora de los procesos de límites en Cochabamba deja en la incertidumbre a los vecinos de las zonas en conflicto.
Las autoridades del eje metropolitano aseguraron que en cualquier momento se podría desatar otro problema como el de Colcapirhua y Tiquipaya, que derivó en un enfrentamiento y bloqueo de la carretera al occidente por el pavimentado de una calle en Rumi Mayu, en disputa entre los municipios.
Pero ¿quiénes definen los límites? Pinto dijo que, de acuerdo a la normativa, son los vecinos que viven en el límite. “No se podría definir sólo con los concejales, alcaldes o dirigentes o el gobernador o el presidente; son los vecinos”, explicó.
En caso de que el proceso determine que no se conciliará y se hará un referendo, no participa todo el municipio, sino sólo las personas del sector inscritas en el padrón .
Otra razón para los conflictos es la búsqueda de más presupuesto, porque la inyección de recursos depende de la cantidad de habitantes. “Mientras más población, más presupuesto, más proyectos”, detalló el secretario general de la Gobernación, Adalid Zabala.
En el eje
Cercado tiene conflictos con cuatro municipios: Arbieto, Colcapirhua, Sacaba y Tiquipaya.
Sólo con Sacaba hay 19 barrios afectados en Pacata Alta que no saben a dónde pertenecen. (Vea la infografía).
El alcalde Manfred Reyes Villa aseguró que ya se logró solucionar algunos. “Estos problemas deben ser resueltos amigablemente; no con bloqueos”, afirmó.
El proceso con Sacaba no se tramita en el departamento, porque el gobernador Humberto Sánchez fue alcalde y se excusó. Entonces, Sacaba se acogió a la antigua Ley 2150 y el caso está en la Gobernación de Oruro.
La jefa de Asuntos Jurídicos de Sacaba, Pamela Alcocer, dijo que esperan que Oruro los convoque para la conciliación. Este municipio tiene nueve conflictos con Villa Tunari, Colomi, Arbieto, Cercado y otros.
Quillacollo también está con conflictos. El secretario de Planificación, Wilber Oporto, aseguró que el municipio tiene delimitada su jurisdicción desde 1992 y está en el mapa del Instituto Geográfico Militar (IGM).
El conflicto con Vinto se reactivó en marzo por el pavimentado del camino antiguo por un presunto avasallamiento de Quillacollo. La Gobernación intervino y se firmó un acuerdo para hallar una solución de fondo.
Dijo que el problema se inició cuando los municipios ampliaron sus manchas urbanas sobreponiendo las zonas delimitadas. Indició que se tiene pendiente una revisión con el IGM, principalmente, con Colcapirhua.
“A esto se suma que tenemos casos en los que los del límite pagan impuestos en otros municipios que son más baratos. Estamos tomando acciones y modificaciones, incluso hemos enviado notas a Elfec y a los alcaldes para que se pare eso y se respete”, aseveró.
Los conflictos entre Tiquipaya y Colcapirhua marcaron la agenda en los últimos días. La Gobernación dijo que el problema lleva varios años y ninguno de los municipios presentó una demanda en la Unidad de Límites. Recién Colcapirhua dio el primer paso e interpuso una denuncia. Sánchez convocó a los alcaldes y se logró un acuerdo preliminar.
Uno de los municipios que más conciliaciones realizó es Santiváñez y sólo le falta un pequeño tramo. Por otro lado, el único proceso que culminó con una ley fue un sector entre Tolata y Arbieto, pero el conflicto continúa. Zabala sugirió que la Ley 339 se revise.
