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Hubo una vez (26 de abril de 2020) en que los chilenos votaron por abrumadora mayoría en favor de cambiar su actual Constitución. A aquella cita sólo acudió la mitad del electorado, pero el 78 por ciento por ciento de éste dijo finalmente que sí. En rigor, hablando en oro, solo el 40 por ciento lo deseaba realmente en 2020.

Emergió entonces una convención electa que redactó una constitución plurinacional muy parecida a las de Bolivia o Ecuador. Ya bajo la norma del voto obligatorio, un gobierno de izquierda (Boric) y con una participación del 85 por ciento de los sufragantes, en septiembre de 2022, dos tercios votaron en contra del proyecto pluri de Carta Magna. Chile eligió una nueva Convención, que con menos pompa y mayoría abrumadora del partido más adverso a cambiar la ley de leyes (el republicano), redactó un segundo ensayo de Constitución. Y se fue la segundita. Este 17 de diciembre, ya no el 61 por ciento, pero de todos modos el 55 por ciento rechazó el documento. Este domingo también hubo más de un 80 por ciento de concurrencia a las urnas.

¿Qué conclusión puede sacarse de este vaivén infructuoso? Es evidente que el clamor por una nueva Constitución que sedujo a bolivianos ecuatorianos y venezolanos en su momento, ya no es una bandera válida para Chile (ni lo será ya para Perú). Otras son las prioridades, damas y caballeros. La actual Constitución no es la que Pinochet mandó a redactar en 1980. No sólo tuvo numerosas enmiendas, realizadas por la Concertación (socialistas, demócrata cristianos y socialdemócratas), sino que fue el marco legal gracias al cual Boric se propuso y logró el actual recambio generacional. Chile, junto a Uruguay, sigue siendo un país modelo en América Latina, por haber abatido la pobreza y por exhibir los mejores indicadores sanitarios, educativos y legales. Lo demás es verso de hace 50 años.