Crisis económica o disputa política

El retumbar de la música de las bandas en las calles, la algarabía de los comparseros en el Cambódromo y el ritmo de los conjuntos folklóricos en la avenida Cívica no dejaron escuchar los datos que anticipan una realidad económica más que preocupante para esta gestión, datos lanzados incluso antes del sábado de Corso en Santa Cruz y de peregrinación en Oruro.

Bolivia salía de 16 días de bloqueos carreteros por una disputa política entre dos grupos del MAS, que terminó afectando al conjunto de los bolivianos, por lo que el carnaval llegó como un bálsamo para quienes sienten el hastío de estar en medio de una guerra política ajena, entre dos personajes que lo único que buscan es poder para favorecerse del Estado.

Luego de que la calificadora internacional Fitch Ratings rebajó su calificación para Bolivia de B- a CCC o mejor dicho la más baja con un triple C, el banco estadounidense JP Morgan hizo conocer su informe sobre riesgo país al 8 de febrero de este año, situando a Bolivia como la segunda nación más riesgosa para la inversión privada en el continente, solo después de Venezuela.

En medio de las fanfarrias propias del carnaval, Luis Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija y analista económico, se esforzó para alertar que esas ponderaciones negativas iban a ahuyentar las inversiones extranjeras. Dicho y hecho, el empresario Samuel Doria Medina lamentó la decisión de una importante cadena hotelera de retirarse del país por falta de dólares en el sistema financiero y el encarecimiento sin límite de la divisa estadounidense en el mercado paralelo.

Sólo para recordar, la cotización oficial del dólar es de 6,96 bolivianos. El año pasado, el Gobierno, mediante el Banco Central, dispuso un precio especial para los exportadores, lo que dio paso a un mercado paralelo que primero marcó un poco más de 7 bolivianos por cada dólar adquirido y ahora, un año después, cotiza más de 8 bolivianos, acercándose a los 9, por cada dólar, lo que supone una devaluación del boliviano de alrededor del 30%.

¿Qué ha hecho el Ejecutivo? Anunciar que cuatro instituciones —Viceministerio de Defensa del Consumidor, ASFI, BCB y Policía— intentarán controlar la compra-venta de dólares en los negocios de los librecambistas y afirmar que algunos exportadores estarían especulando con la divisa extranjera. Todo esto en medio de las serpentinas, el juego con agua y los shows carnavaleros.

Me pregunto qué otros datos más son de conocimiento del empresario Doria Medina para haber afirmado en vísperas del Carnaval que la economía boliviana ya pasó de terapia intermedia a cuidados intensivos que no sean solo la subida de la cotización del dólar en el mercado paralelo, considerado por él como el peor error que cometió el Gobierno, o la salida de inversiones extranjeras por la pésima imagen que proyecta el país.

“El año pasado fue negativo para nuestro comercio exterior, ya que fue deficitario. (…) Esto supone que generamos menos ingresos fiscales e ingreso de divisas al país, lo cual limita nuestro crecimiento económico”, resume Luis Fernando Romero.

Vuelve a la mente esa cadena de datos incontrastables de la realidad que encontraron en el carnaval un paréntesis: falta de dólares, dólar paralelo por las nubes, falta de combustibles, especulación con la gasolina y el diésel en áreas rurales, encarecimiento de los productos de la canasta básica, contrabando, narcotráfico y minería ilegal en apogeo (y como soporte de la economía nacional).

¿Cómo se oculta esta realidad? Con otra, con la del conflicto político, así sea con el riesgo de que se produzcan nuevos bloqueos que estrangulen más la maltrecha economía boliviana, aunque los ministros del área aseguren que seguiremos creciendo este 2024 y que la fase de la industrialización avanza viento en popa.

El arcismo ha venido calentando motores en los días de carnaval, poniendo en duda que los proyectos de ley 073 (de suspensión de plazos procesales en la cúpula del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional) y 075 (de cesación de funciones de los magistrados prorrogados) se transformen en normas de plena vigencia para dar fin con la usurpación de funciones en los altos tribunales de justicia.

Volverán, entonces, los estériles debates mediáticos, las amenazas de nuevos bloqueos de caminos, las acusaciones cruzadas de traición y otros calificativos, y las maniobras para demorar el proceso de selección de aspirantes a los más altos cargos judiciales y salvar a los magistrados prorrogados, los nuevos protagonistas del ejercicio del poder.

Interesante realidad coyuntural, dirán los estrategas del Gobierno, porque sirve para poner en la trastienda la crítica realidad económica, aquella que tiende a agudizarse y no halla respuestas en la administración del otrora ideólogo del modelo económico social comunitario productivo.

El autor es periodista