Cinco de cada 10 reclusas son madres o están embarazadas
Este miércoles, la Defensoría del Pueblo presentó el informe "Mujeres en cárceles de Bolivia", realizado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que analiza la situación de las mujeres en los cárceles del país.
El estudio reveló que el 55,39% de las mujeres detenidas son madres o están embarazadas, y en muchos casos, viven en prisión junto a sus hijos menores de seis años.
“El 55,39% de las mujeres encarceladas tienen hijos que residen con ellas en las cárceles o están embarazadas, lo que aumenta su vulnerabilidad debido a las condiciones adversas que enfrentan dentro de los centros penitenciarios”, indicó el informe presentado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, según boletín institucional.
Esta realidad supone un drama social significativo, ya que muchas de estas mujeres son el sostén de sus hogares, lo que las obliga a dejar a sus hijos mayores de seis años bajo el cuidado de terceros mientras cumplen su condena.
Además, el informe destaca que al menos 145 niños menores de 6 años viven en las cárceles junto a sus madres, enfrentando condiciones de precariedad y hacinamiento, problemas que afectan a todo el sistema penitenciario boliviano. Hasta junio de 2024, el sistema penitenciario contaba con 30.978 personas privadas de libertad, de las cuales 2.150 eran mujeres.
Esta investigación se basa en estadísticas recopiladas por el personal del MNP durante numerosas visitas a los centros penitenciarios y pabellones de mujeres en todo el país hasta el 2023.
El documento también señala que entre enero y junio de 2024, la población femenina en prisión aumentó un 12,5%, con un incremento del 13,38% en los tres departamentos del eje central, entre diciembre de 2023 y junio de 2024.
El informe "Mujeres en cárceles de Bolivia" evidencia que el 72% de las mujeres privadas de libertad se encuentran en cárceles de Santa Cruz, que hasta 2023 albergaba a 630 internas. Le siguen La Paz con 433 y Cochabamba con 276.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo hace un llamado a las autoridades para que implementen una política criminal que proteja a las mujeres encarceladas y a sus hijos que las acompañan.
