El ocaso final de la COB

A diferencia de otras instituciones de la sociedad, la Central Obrera Boliviana (COB) nació como una entidad más cercana a un partido que a una organización gremial.

Según su estatuto, “tiene fundamental y predominantemente funciones políticas y de poder”, y en sus principios fundacionales se propone la lucha contra el capitalismo, la revolución proletaria y la construcción de una sociedad socialista. Curiosamente, a 74 años de su creación, esta narrativa continúa guiando su identidad.

Sin embargo, su problema no es únicamente ideológico, sino también funcional. La COB de hoy ya no actúa como un sujeto social, sino como un agregador de demandas sectoriales. Con una retórica que fusiona el mito de origen con el más puro pragmatismo, su accionar se reduce a la recopilación de pliegos petitorios de sus afiliados, donde predomina una agenda eminentemente salarialista y de corto plazo.

Carece de propuestas para enfrentar los problemas de los trabajadores, dejó de pensar el país en términos estratégicos y renunció a cualquier intento de aportar al diseño de políticas laborales serias y sostenibles.

Eso sí, mantiene su interés primigenio por vincularse con el poder. En 1952, tras la Revolución nacional, sus dirigentes máximos asumieron cargos ministeriales y construyeron un cogobierno explícito, que en los hechos fue el inicio de una larga tradición de subordinación institucional disfrazada de protagonismo político.

Sin rubor, justificaron esa obsecuencia señalando en su Declaración de Principios de 1954: “Somos parte del Gobierno mismo y solo conduciría a un suicidio político el abandonar sus ventajas”.

Este matrimonio de intereses con el poder se repitió fielmente en su alianza con el MAS, desde 2006, por la cual los dirigentes cedían la autonomía ideológica y organizativa de la COB al proyecto político masista, y convertían al sindicalismo en correa de transmisión del partido.

A cambio lograron prebendas, cargos y poder, pero también negociaron un sistema de normas que favorecieron a unos pocos, como la inamovilidad perpetua, los dobles aguinaldos, aumentos salariales exorbitantes, abuso de los fueros sindicales y de las declaratorias en comisión, que explican la informalidad laboral del 85% y la precarización del empleo.

Los beneficios para los dirigentes fueron enormes. Recientes declaraciones de autoridades del Gobierno revelan que la cúpula cobista percibe 18 millones de dólares al año de cuotas obligatorias de los trabajadores, y que tan solo entre 2021 y 2024, recibieron en donación 79 vehículos, además de inmuebles y otros favores con recursos del Estado.

Todo esto, en medio de un debilitamiento extremo de representatividad. Según datos de la Encuesta de Hogares del INE, la población ocupada afiliada a un sindicato o asociación laboral, descendió de 24% en 2006 a apenas 12% en 2019.

El número de personas que corresponde a esa porción de la población económicamente es el total de sus integrantes, aunque, según su estatuto, la COB “agrupa en sus filas al proletariado, campesinos y nacionalidades, empleados, trabajadores manuales, estudiantes, intelectuales, organizaciones populares y cooperativas que trabajan en el territorio nacional”.

La COB también ha desarrollado una habilidad notable para apropiarse del protagonismo de sectores que tienen su propia base organizativa y sus propias demandas, actuando como amplificador de reivindicaciones ajenas, que no ha generado, atribuyéndose una representatividad que no le corresponde y diluyendo la especificidad de cada sector.

Paradójicamente, esta impostura no solo es funcional a los intereses de su clase dirigente, sino que sirve a los propósitos del Estado, que encuentra en la COB un interlocutor visible con quien negociar y a quien cooptar, en lugar de tener que enfrentar demandas dispersas y menos manejables.

Un componente crítico adicional son sus métodos de acción. El bloqueo y la movilización callejera se han convertido en fines en sí mismos.

La reiteración mecánica de estas prácticas evidencia la incapacidad de construir mecanismos acordes a una sociedad democrática, y se ha convertido en la única prueba de relevancia que la organización ofrece a la sociedad. El problema es que el costo social de esta metodología recae sobre los sectores que dice defender.

La COB ha perdido su naturaleza. Ya no articula una visión colectiva del mundo laboral ni construye horizontes de transformación. Al contrario, se ha convertido en un lastre para los trabajadores y en un problema para la propia institucionalidad democrática.

Hoy es una organización que oscila entre la oposición circunstancial y el oficialismo pragmático, dependiendo de sus intereses inmediatos.

Más que una crisis estructural, la COB se enfrenta a su propia desaparición como organización social.

La pregunta ya no es cómo recuperar su protagonismo, sino si es capaz de reinventarse en un contexto que exige nuevas formas de organización, pensamiento y acción, y de aportar a la construcción de las condiciones estructurales para que el trabajo en Bolivia sea digno para todos.

El autor es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia