El precio de la paz
El rechazo de algunas organizaciones a continuar con los bloqueos de carreteras y otras medidas de presión que afectan a todo el país, junto con el efecto de las acciones policiales sobre el financiamiento de las movilizaciones permiten esperar, con cierto optimismo, el fin de este deplorable periodo que dura ya 45 días.
Detonado por demandas como la solución al desabastecimiento de combustible de calidad y la compensación económica por los gastos resultantes de la gasolina desestabilizada, además del cuestionamiento a una ley específica sobre la categorización de los pequeños predios rurales, el conflicto derivó rápidamente en una confrontación política abierta.
Esto es evidente en la mutación de esos reclamos hacia la exigencia de renuncia de la máxima autoridad política, democráticamente electa, de Bolivia, y el explícito desafío al Estado de derecho y al orden constitucional.
La serie de numerosos atropellos a los derechos ciudadanos, con una actitud de total insensibilidad humana que no solo afecta a bolivianos en delicado estado de salud, sino a la gran mayoría de gente común enfrentada desde hace meses a la crisis económica nacional motiva la demanda legítima de una acción severa del Gobierno para poner fin a este trance, en el marco de las atribuciones que le franquea el ordenamiento legal vigente.
Pero el Ejecutivo opta por la vía del diálogo, a pesar de los perjuicios sociales, económicos e institucionales que el país soporta y cuyos efectos se prolongarán por buen tiempo más después de que la paz social se restablezca.
Es una opción razonable si se considera el inevitable costo humano, y muy probablemente político, que resultaría del recurso legal a la fuerza para terminar con esta situación.
Pero esa acción pacífica y pacificadora, que parece estar dando resultados, tendrá un costo cuya carga recaerá en los bolivianos, en todos: en los que soportan el perjuicio sin violencia y en los que lo provocan en franca violación de las leyes.
En el plano económico, la recuperación del aparato productivo nacional necesitará de un tiempo indeterminado, durante el cual todos soportaremos el incremento de la inflación la desocupación e incluso la carencia de suficientes divisas.
En términos institucionales, el desprecio de minorías organizadas al orden constitucional y a la voluntad popular manifestada en las elecciones del año pasado impone una reflexión en las instancias políticas, académicas y de la sociedad civil del país.
Es sin duda una prueba extraordinaria que revela la fragilidad de nuestra democracia, en permanente construcción, y desafía el espíritu nacional cuya vocación de vivir juntos y en paz es incuestionable.
Nuestras esperanzas de que el Gobierno y las instancias judiciales enderecen las distorsiones que permite la opción por la paz tienen que ser proporcionales al esfuerzo nos tocará enfrentar.
