La crisis silenciosa del Órgano Legislativo

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debería ser el espacio donde convergen la representación ciudadana, la deliberación democrática y la construcción de consensos. Sin embargo, adolece de una crisis profunda que ha desgastado su propia institucionalidad: no legisla con idoneidad, no fiscaliza con eficiencia, ni representa genuinamente los intereses de la sociedad.

Su debilitamiento extremo se produjo en casi 20 años de gobierno hegemónico del MAS, que convirtió al Órgano Legislativo en una instancia subordinada para aprobar leyes sin análisis, debate ni responsabilidad, que limitó sus prerrogativas y precarizó la función parlamentaria hasta desnaturalizar su rol dentro del Estado.

El primer síntoma de su crisis son sus resultados. Según datos de la propia ALP, actualmente tiene en tratamiento 984 proyectos de ley. En casi siete meses de gestión logró sancionar solo 47 leyes. En 2024, sobre 945 proyectos de ley que estaban pendientes en ambas Cámaras, únicamente 90 fueron sancionados.

Más del 50% de los proyectos en tratamiento son intrascendentes, ajenos al interés nacional o incluso regresivos. Esto significa que la mayor parte del tiempo, los recursos y la atención del Legislativo se dedican a iniciativas que, por definición, no debieron ocupar ese lugar.

La función de fiscalización está igualmente erosionada. En 2024, entre ambas Cámaras emitieron 2.974 peticiones de informe oral y escrito a diferentes instancias del Estado; sólo 1.923 fueron respondidas. En lo que va de la gestión 2026, la Cámara de Diputados presentó 350 peticiones de informe escrito, de las cuales únicamente el 14% obtuvo respuesta.

Las peticiones carecen de cualquier consecuencia vinculante. La censura a un ministro no ha derivado en los últimos años en la remoción de ninguna autoridad, porque el Ejecutivo simplemente ignora las decisiones de la Asamblea.

A esto se suma un distanciamiento creciente de la sociedad civil. Existen mecanismos de consulta que deberían activarse de manera sistemática antes de aprobar leyes, pero su uso es arbitrario y depende del cálculo político de las comisiones.

La consecuencia más visible son los conflictos sociales e incluso la anulación posterior de leyes aprobadas sin consenso adecuado. Pero su costo es mayor: se construyen leyes inaplicables, que no se cumplen y terminan aumentando la burocracia y la informalidad.

Detrás de estos síntomas hay una causa poco visible. Un número significativo de parlamentarios muestra deficiencias serias en el conocimiento de las funciones y responsabilidades de su cargo; en casos extremos, se evidencia el desconocimiento de leyes y principios constitucionales elementales.

A esto se añade la ausencia de una política legislativa y de una planificación estratégica que articule la agenda parlamentaria con un plan de desarrollo de mediano plazo. Sin esa brújula, cada bancada y cada parlamentario presenta proyectos según su propio criterio o interés político.

Otro problema está referido a la representación paralela. La ALP tiene 166 parlamentarios suplentes, cuya función debería limitarse a reemplazar al titular cuando éste no pueda sesionar. En los hechos, votan, presentan proyectos de ley y fiscalizan de forma independiente, llegando en ocasiones a contradecir las posiciones de su propio titular. Han conformado grupos paralelos que se utilizan para desequilibrar votaciones relevantes.

Es una figura mal diseñada que termina multiplicando actores con capacidad de decisión real sin la responsabilidad directa de haber sido electos para ejercerla. Algo similar ocurre con los supraestatales: nueve diputados con responsabilidades difusas, desarticuladas de la política exterior del Estado y sin voz ni voto en la Asamblea.

También es evidente la fragilidad del vínculo entre el parlamentario y la fuerza política que lo llevó al cargo. En las últimas gestiones, un número considerable de legisladores se ha declarado independiente o se ha distanciado de su partido de origen, votando en sentido contrario a su bancada. Varios elegidos por la oposición han terminado respaldando al oficialismo sin que el transfugio conlleve sanción alguna.

Bolivia no carece de diagnósticos sobre su crisis, propuestas para enfrentarla o consensos sobre la necesidad de reconstruir su institucionalidad. El problema es un sistema legislativo que no logra procesar esas decisiones al ritmo que la urgencia exige.

Nuestros conflictos no podrán resolverse mientras el Parlamento siga atrapado en la improvisación, la fragmentación y la ineficiencia. Por eso su transformación ya no constituye una opción, sino una necesidad estratégica para la democracia y una condición indispensable para la gobernabilidad.

Esto pasa por construir un Legislativo legítimo, profesional, transparente, responsable y conectado con la sociedad. Solo así será posible aprobar las grandes reformas que exige el futuro de Bolivia y restablecer la capacidad del Estado para responder eficazmente a los desafíos del desarrollo.

El autor es industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia