Sectores productivos de Cochabamba dan cinco días de plazo al Gobierno para responder al mandato productivo
Una amplia representación del aparato empresarial, productivo, industrial, de transporte y cívico de Cochabamba emitió este martes el Mandato Productivo de Cochabamba y otorgó al Gobierno Nacional cinco días hábiles para presentar respuestas formales, técnicas, documentadas y con plazos de ejecución frente a la crisis de combustibles y la falta de previsibilidad que continúa afectando a la economía.
La determinación articula a los sectores representados por la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), que integra a 20 sectores de la economía departamental, junto a otras organizaciones con representación productiva, sectorial y cívica, consolidando una posición conjunta para exigir que las demandas y propuestas de Cochabamba sean atendidas en el escenario nacional.
El Mandato concentra cinco decisiones:
1. Modificar el Decreto Supremo 5676.
2. Garantizar abastecimiento y transparencia para los nueve departamentos.
3. Activar la capacidad nacional de refinación.
4. Transparentar los compromisos con el FMI y el financiamiento externo.
5. Instalar una Mesa Nacional de Seguridad Energética.
El presidente de la Cámara Departamental de Transporte de Cochabamba (CDTC), Luis Jiménez, dio lectura al documento y estableció el plazo que comenzará a correr desde su entrega oficial.
“No esperamos nuevas declaraciones de intención. Esperamos respuestas verificables sobre cada uno de los puntos planteados”, señala el Mandato presentado por los sectores.
La posición marca un cambio en la forma de relacionamiento institucional frente a una crisis que continúa afectando transversalmente al transporte, la industria, la construcción, el agro, el comercio, los servicios y las cadenas de abastecimiento.
CINCO DÍAS PARA RESPONDER
El presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure, explicó que el Mandato surge de un proceso previo de análisis, diálogo y construcción de propuestas desde los diferentes sectores económicos del departamento.
“Es imposible avanzar en una reactivación económica con estas condiciones. Estamos preocupados porque se están tomando decisiones que impactan directamente en la producción y en la actividad empresarial sin consultar previamente a los sectores que sostienen la economía”, afirmó Demeure.
Demeure destacó que la posición de Cochabamba mantiene una línea institucional y propositiva, pero incorpora ahora plazos, responsables y mecanismos de seguimiento, ante la necesidad de obtener resultados verificables.
El planteamiento departamental parte de un principio: Cochabamba está presentando soluciones técnica y económicamente viables que pueden contribuir al abastecimiento, la producción y la estabilidad nacional; estas propuestas deben ser escuchadas y evaluadas por el Estado en beneficio de todos los bolivianos.
DS 5676: UNA MEDIDA QUE DEBE SER CORREGIDA
El primer punto del Mandato exige modificar el Decreto Supremo 5676 e incorporar a los sectores directamente afectados en su modificación y reglamentación.
Los sectores cuestionan que la norma incrementó costos y profundizó distorsiones de precios, mientras los problemas de abastecimiento que justificaron su implementación continúan presentes.
La posición cochabambina establece que decisiones que modifican directamente las estructuras de costos de producción requieren evaluación de impacto, metodología verificable y participación previa de quienes producen, transportan e invierten.
Desde el sector industrial, el presidente de la Asociación de Empresarios Industriales de Santiváñez (AEIS), Rafael Delgadillo, expuso los efectos acumulados de la crisis energética sobre los costos, la capacidad productiva y la planificación empresarial.
“Necesitamos resultados. Estamos agotados, ya no aguantamos más. Los empresarios somos quienes estamos soportando el peso de toda esta coyuntura y necesitamos condiciones que permitan producir, planificar y sostener el empleo”, manifestó Delgadillo.
LAS SOLUCIONES DEBEN ALCANZAR A LOS NUEVE DEPARTAMENTOS
El segundo punto exige una programación nacional de combustibles bajo criterios técnicos, equitativos y verificables, acompañada de información pública diaria sobre programación, trazabilidad, despachos efectivos, cobertura e inventarios por departamento.
Los sectores plantean que los mecanismos de información, seguimiento y coordinación implementados en cualquier región del país deben extenderse bajo condiciones equivalentes a los nueve departamentos.
Cochabamba demanda que la asignación de combustibles responda a criterios transparentes y al peso productivo, industrial, logístico y territorial de cada región.
COCHABAMBA PROPONE AUMENTAR LA OFERTA NACIONAL
El Mandato incorpora además una propuesta estructural para complementar las medidas de distribución con un incremento efectivo de la oferta.
Cochabamba alberga la Refinería Gualberto Villarroel, con una capacidad aproximada de 40.000 barriles por día, equivalente a cerca del 63% de la capacidad nacional de refinación.
Los sectores exigen un plan técnico para incrementar progresivamente su utilización y operativizar la importación de petróleo crudo compatible para su procesamiento en Bolivia, aprovechando la infraestructura y corredores logísticos existentes.
La propuesta incorpora además un Netback Nacional de Refinación, público y periódico, que permita comparar el costo integral de importar combustibles terminados frente al costo de importar petróleo crudo y refinarlo en el país.
El objetivo es que Bolivia adopte decisiones energéticas sobre información verificable, eficiencia económica y seguridad de abastecimiento.
TRANSPARENCIA Y PREVISIBILIDAD SOBRE EL FINANCIAMIENTO EXTERNO
El cuarto punto exige conocer oportunamente los requisitos, compromisos, acciones previas, metas y condiciones asumidas por el Estado boliviano dentro de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y otros mecanismos de financiamiento externo.
Los sectores plantean que esta información debe ser conocida antes de que las condiciones deriven en decisiones económicas con impacto sobre las familias, la producción, el empleo y la inversión.
Asimismo, solicitan que la Asamblea Legislativa Plurinacional disponga anticipadamente de la documentación correspondiente, para desarrollar dentro de sus competencias el análisis de las operaciones que requieran tratamiento legislativo.
El objetivo es generar condiciones de anticipación, consenso y previsibilidad para evitar decisiones reactivas frente a medidas que pueden modificar el funcionamiento de toda la economía.
UNA MESA NACIONAL PARA PASAR DE LOS ANUNCIOS A LAS SOLUCIONES
El Mandato exige además instalar una Mesa Nacional de Seguridad Energética con participación del Gobierno Nacional, YPFB y los sectores empresariales, productivos y de transporte.
La instancia deberá trabajar sobre abastecimiento, precios, refinación, importaciones, logística y seguimiento de resultados, incorporando a quienes diariamente sostienen las cadenas productivas y de distribución del país.
El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Carlos Quintela, respaldó la dimensión departamental del Mandato y llamó a consolidar la unidad cochabambina en defensa de los intereses del aparato productivo.
“Este es un momento para la unidad cochabambina y para defender los intereses del aparato productivo del departamento. Cochabamba debe actuar de manera articulada para que sus demandas sean atendidas y sus sectores productivos tengan participación en las decisiones que los afectan”, señaló Quintela.
EL 8 DE SEPTIEMBRE LAS AUTORIDADES DEBERÁN RESPONDER ANTE COCHABAMBA
El plazo otorgado al Gobierno concluirá con la Asamblea Productiva Departamental del martes 8 de septiembre, instancia en la que los sectores evaluarán públicamente las respuestas recibidas y definirán las siguientes acciones institucionales.
El presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, Israel Mérida, instó al Gobierno Nacional a corregir el Decreto Supremo 5676 y atender las demás demandas planteadas por los sectores productivos. Asimismo, expresó su respaldo al plazo de cinco días definido en el Mandato para que las autoridades nacionales presenten respuestas formales y verificables.
“Instamos al Gobierno a corregir el Decreto Supremo 5676 y atender las demás demandas planteadas. Respaldamos los cinco días de plazo establecidos por los sectores productivos para recibir respuestas y avanzar en soluciones”, afirmó Mérida.
Las autoridades nacionales directamente vinculadas con los cinco puntos del Mandato serán convocadas formalmente desde este martes para participar de la Asamblea, ocupar un espacio central en la instancia y presentar personalmente sus respuestas, compromisos y plazos de ejecución ante los sectores productivos de Cochabamba.
Durante los cinco días previos, cada punto será objeto de seguimiento público bajo tres categorías:
CUMPLIDO – EN PROCESO – INCUMPLIDO.
La Asamblea permitirá determinar qué respuestas fueron atendidas, cuáles continúan pendientes y qué acciones deberán activarse posteriormente.
En caso de respuestas insuficientes, los sectores evaluarán la articulación con organizaciones productivas de otros departamentos, acciones con la representación parlamentaria cochabambina y mecanismos institucionales de alcance nacional.
La posición expresada por las organizaciones participantes establece que Cochabamba mantendrá abiertos los canales institucionales y de diálogo, acompañados de una exigencia clara de reciprocidad.
El departamento está planteando alternativas para producir más, mejorar el abastecimiento, utilizar capacidad instalada y generar previsibilidad económica. Escuchar estas propuestas representa una oportunidad para construir soluciones que trasciendan Cochabamba y contribuyan al conjunto de Bolivia.
