Chile nos menosprecia y el Gobierno no dice nada
El Gobierno justifica su intención de normalizar relaciones con Chile aduciendo que así se logrará un mayor desarrollo.
En declaraciones anteriores a la reciente visita del presidente de Chile, José Antonio Kast, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, usó “empleo” como una manera de dramatizar el supuesto gran beneficio económico que resultaría del acercamiento a Chile.
Su mensaje velado es que intentar lograr una salida soberana al mar nos costaría empleos. Por consiguiente, Aramayo escoge empleos por sobre nuestra reivindicación marítima.
El problema con esta justificación es que las economías de Bolivia y Chile no son complementarias. Todo lo contrario, compiten entre sí. Ambas son principalmente productoras de minerales y productos agrícolas e importan la mayor parte de los productos manufacturados que usan, en particular los de más alto valor agregado.
Eso significa que el resultado de normalizar relaciones con Chile no resultaría en un beneficio particularmente grande para Bolivia, menos en un aumento significativo del empleo.
En cambio, por tan poco beneficio se está subvirtiendo nuestra reivindicación marítima que ha sido el principal objetivo de nuestra política exterior por significar una salida soberana al mar de vital importancia para el país, desde que Chile invadió y se apoderó de nuestro litoral hace 146 años, no importa cual haya sido el Gobierno de turno.
Decir que a pesar de la normalización de relaciones con Chile no se renuncia a nuestra reivindicación marítima es un embuste (ver “El síndrome de Estocolmo en nuestra relación con Chile”, Los Tiempos, 28/03/2026, y “Los honestos, los ingenuos y los cínicos”, Los Tiempos, 31/05/2026).
Para Chile, la normalización de relaciones, por las razones expuestas, tampoco representa un beneficio económico significativo.
Para Chile, el atractivo de normalizar relaciones tiene dos componentes: primero, poder solucionar problemas de índole interna, de coyuntura, importantes para su Gobierno dadas sus promesas electorales de terminar con la falta de control de su frontera con Bolivia, que se traduce en migración ilegal, aumento de la criminalidad, contrabando de autos robados y tráfico de sustancias controladas.
Segundo, le significa dar un paso gigante en su objetivo de que la reivindicación marítima boliviana sea archivada, ojalá definitivamente.
En cambio, la actitud y comportamiento de Chile hacia Bolivia no ha cambiado fundamentalmente. Estas son claramente ejemplificadas en el tratamiento del cargamento de madera de exportación que fue incautada en Arica por estar supuestamente contaminada con sustancias controladas.
La evidencia –informes de expertos que contradicen la conclusión de las autoridades chilenas, el hecho de que no se encontró droga en cargamentos de madera iguales en Brasil, la quema de la madera en cuestión en Chile para que no se pueda constatar su equivocación, entre otros– llevan a la conclusión, más allá de toda duda razonable, que la madera boliviana no estaba impregnada de drogas.
Sin embargo, la acusación de Chile ya ha causado a Bolivia un gran perjuicio. El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) reportó pérdidas que superan los 50 millones de dólares para el sector. Pero ese es sólo el perjuicio financiero inmediato y directo.
El efecto para las exportaciones de Bolivia a futuro sería mucho mayor al agudizar la suspicacia de importadores sobre la posibilidad de que productos provenientes de Bolivia estén impregnados de droga, evitando que los adquieran.
Además, el impacto tan perjudicial de la falsa acusación de que madera boliviana estuviera impregnada con grandes cantidades de drogas no se limita al ámbito económico. El impacto reputacional es igualmente desastroso, ya que da lugar a asociar mucho más el nombre de Bolivia con el tráfico de drogas, con todo el desprestigio que eso conlleva.
El Gobierno alega, nada menos que para excusar el comportamiento del Gobierno de Chile, pero en el fondo para excusar su inacción al respecto, que la división de poderes en el ordenamiento constitucional chileno impide que el Gobierno de Kast pueda intervenir en un asunto que supuestamente sólo compete a la fiscalía de ese país.
Lo que no se toma en cuenta es que este caso involucra las relaciones internacionales de Chile, en el cual el Ejecutivo es el principal responsable en su ordenamiento constitucional. ¿Hubiera actuado Chile del mismo modo si el cargamento hubiera sido, digamos, del Brasil?
Pero, siendo exageradamente caritativo y aun suponiendo que eso sea cierto, el Gobierno chileno hubiera podido, cuando primero se puso seriamente en duda que la madera boliviana estaba impregnada de droga, haber hecho declaraciones en sentido de que lamentaba el perjuicio ocasionado a Bolivia y que iba a colaborar con sus autoridades para aclarar los hechos.
El Gobierno de Chile optó por dejar hacer y dejar pasar el tratamiento de la carga de madera boliviana por autoridades locales en Arica, incluyendo la quema de la madera para ocultar la falta de evidencia, demostrando que para Chile la relación con Bolivia no es de suficiente importancia como para tomar públicamente cartas en el asunto para salvaguardar la naciente relación con Bolivia.
Antes de que aparezca evidencia de que la madera incautada en Arica no contenía grandes cantidades de droga, el presidente Rodrigo Paz atacó a columnistas porque estos criticaron al Gobierno de fracasar en la lucha contra el narcotráfico.
Paz los acusó de censurar al Gobierno por razones políticas, aseverando que de ese modo solo lograban perjudicar al país. Más allá de que hayan tenido o no una motivación política, esa crítica era justificada al señalar una instancia más en la que el Gobierno no lograba controlar la lacra que significa el narcotráfico para Bolivia.
En cambio, cuando el Gobierno de Chile no dice, menos hace, nada para demostrar su interés en que el caso de las falsas ‘narcomaderas’ sea resuelto tomando en cuenta el daño causado a Bolivia, la falta de una reacción por parte del Gobierno de Paz acorde con el daño ocasionado, y con la desidia y desprecio que ha demostrado Chile hacia Bolivia en este caso, es más que lamentable, es vergonzosa y humillante.
El autor es economista
Columnas de CARLOS GUEVARA RODRÍGUEZ




















