La democracia, la Constitución y Rodrigo Paz

La Constitución Política del Estado (CPE) establece las bases para un sistema de gobierno democrático: las reglas del juego para la gobernanza y la convivencia entre ciudadanos libres que tienen la capacidad de escoger a sus gobernantes, y evitar que el Gobierno sea capturado por dictadores. Como tal, debe ser cumplida así no nos guste hacerlo.

Lamentablemente, en Bolivia los primeros que deben cumplir con sus preceptos, los gobernantes de turno, llegan a hacer caso omiso de la misma. El más grande infractor, irónicamente de su propia Constitución, fue Evo Morales al intentar forzar su reelección por cuarta vez, cuando la Constitución hecha a su medida sólo contemplaba una reelección sucesiva.

Pero no fue el único que hizo caso omiso de la CPE. El actual Gobierno hace lo mismo al violar el mandato de traspasar la presidencia al vicepresidente mientras el presidente se ausenta del país. Que esa determinación de la Constitución sea innecesaria y riesgosa es harina de otro costal, así como justificarla por la enemistad declarada del vicepresidente.

No se puede escoger las partes que uno quiere cumplir y qué partes no.

Sin embargo, la CPE no es una ley de la naturaleza. Una ley de la naturaleza es provisionalmente absoluta. ¿Por qué provisionalmente? Porque la ciencia puede descubrir una mejor explicación del modo en que la naturaleza funciona, en cual caso se la altera o desecha.

Menos aún es dogma. El dogma no admite otra cosa que lo que afirma. La religión y el marxismo son dos casos emblemáticos. La religión, porque es la palabra de Dios. El marxismo, por el determinismo “científico” histórico que pregona.

Además, la Constitución no es un fin en sí mismo, es un medio para lograr un fin: un sistema democrático de gobierno.

Para ejemplificar, recurrimos a tres casos de la historia reciente, donde en dos casos se interpretó la Constitución de un modo amplio, y en uno de ellos se la violó para preservar un bien mayor: la supervivencia de la democracia.

Tras la elección de 1979, después de 15 años de dictaduras militares, se objetó la asunción a la presidencia de Walter Guevara Arze por elementos de la alianza liderada por Siles Zuazo, una de las dos principales candidaturas, cuando Guevara Arze fungía como presidente del Senado, ante la imposibilidad de dirimir la elección entre los dos principales candidatos, Siles Zuazo y Paz Estenssoro, en el Parlamento. El Congreso accedió a esa salida ya que la alternativa hubiera sido volver a una dictadura militar, truncando el esfuerzo de volver a la democracia.

El Gobierno de Siles Zuazo, 1982-85, presidió una de las hiperinflaciones más agudas de la historia, haciendo al país ingobernable. Para salvar el retorno a la democracia –su gobierno era el primero democrático después de varios gobiernos militares– Siles optó por renunciar, dando lugar a una nueva elección, aun cuando la Constitución no preveía un acortamiento de mandato y luego una nueva elección.

En el tercer caso, después del fraude cometido por el Gobierno de Evo Morales en la elección de 2019, este intentó hacer fracasar la sucesión constitucional disponiendo que renuncien los que seguían al vicepresidente –el cual había renunciado y huido del país conjuntamente con él– en la línea sucesoria al presidente en la asamblea.

Es así que, siendo Jeanine Áñez la primera vicepresidenta del Senado, se convirtió en presidenta de esa instancia legislativa y, por tanto, segunda en la prelación para la sucesión presidencial, accediendo a la presidencia ipso facto ante el inminente riesgo de una interrupción violenta a la continuidad democrática debido al deliberado vacío instrumentado por Evo Morales.

En los tres casos se salvó la democracia, así sea que en el primero de ellos sólo hasta el golpe militar tres meses después de ser posesionado Guevara Arze. En dos de estos casos, si se hubiera apelado a una legalidad más allá de cualquier posible objeción, se hubiera hecho fracasar el intento de salvaguardar la democracia.

En el tercer caso, el acortamiento del periodo constitucional de Siles Zuazo, aun sin cumplir la constitución sirvió para el mismo fin, y como tal fue totalmente justificado.

Por eso es que la pregunta que se debe hacer en estos casos no es “¿se cumple lo que manda la Constitución con absoluta rigurosidad?”, la pregunta que se debe hacer es “¿cuál opción es la mejor para preservar la democracia en circunstancias extremas?”.

Ante el fracaso relativo, hasta ahora, del Gobierno de Rodrigo Paz, se han alzado voces, algunas interesadas, otras no, para afirmar que debe haber un cambio de Gobierno.

Si no se quiere violar la Constitución, la eventual renuncia de Paz significa que el vicepresidente Edmand Lara asumiría la presidencia hasta el fin del mandato, en 2030, dando lugar a escenarios que fácilmente podrían ser peor que la continuación del Gobierno de Paz, dadas las características de Lara.

Si se la viola realizando elecciones inmediatamente después de su renuncia, se abren las puertas a escenarios muy problemáticos, como, por ejemplo, que ante una situación extra o post Constitución de borrón y cuenta nueva, se habilite a Evo Morales para ser candidato nuevamente.

Es así que la destitución del presidente, cumpliendo o no la Constitución, muy bien puede ser peor que su continuación al presente.

Por último, hay una salida constitucional, la revocatoria de mandato, que da el suficiente tiempo, algo más de un año, para constatar si el desgobierno es tan extremo que pone en peligro la democracia aún más que su acortamiento.

El autor es economista