Clínicas, en la mira por retener cadáveres y pacientes con Covid-19
La Defensoría del Pueblo exhortó ayer al Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba a intervenir las clínicas con denuncia de retención de cadáveres y pacientes con Covid-19 por deudas hospitalarias.
El representante de esta institución, Nelson Cox, informó que reciben al menos una queja cada dos días de familiares que no pueden enterrar a sus fallecidos por la pandemia, porque les resulta imposible pagar las facturas por la atención médica.
La institución hace seguimiento a cinco denuncias por la retención de cadáveres, una de ellas incluso por el extravío de un cadáver que desapareció presuntamente porque no hay un protocolo claro sobre la disposición final y todos son embolsados, lo que puede llevar a confusiones.
Una de las denuncias es la de un padre que falleció luego de estar 23 días en terapia intensiva en una clínica, ubicada cerca del estadio.
La deuda alcanzó los 42 mil dólares. La familia dijo que llegó a este establecimiento porque no había espacio en los hospitales centinela y lamentó que sólo por el uso de barbijos le pidan 1.700 bolivianos. En el tiempo de internación, pagó 90 mil bolivianos, pero al momento de retirar el cuerpo le pidieron que primero paguen todo.
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la difícil situación por la que atraviesan las familias cuando las clínicas retienen incluso a los pacientes recuperados de Covid-19 o les piden pagos anticipados que oscilan de 10 mil a 15 mil bolivianos.
Cox expresó que la propagación de la pandemia ha generado un impacto social en la economía de las familias y en particular en la de los pacientes con Covid-19.
“Puesto que ante el colapso del sistema público de salud se vieron obligadas a recurrir a clínicas privadas, las cuales estarían condicionando a los pacientes a cancelar montos excesivos de manera diaria que oscilarían de 10 mil a 15 mil bolivianos como mínimo por prestación de servicios”, explicó Cox.
A ello se suma que hay liquidaciones por encima de los 150 mil bolivianos por la atención de pacientes con Covid-19. En tanto, que familiares denuncian cobros de 75 mil dólares.
Sedes
La Defensoría del Pueblo envió un instructivo al director del Sedes, Yercin Mamani, para que intervenga en las clínicas a través de la Unidad de Calidad de Servicios y condicione incluso la renovación de sus licencias de funcionamiento que se debe tramitar cada dos años.
El delegado de la Defensoría explicó que la retención de pacientes “es una forma de coacción para garantizar el pago de la cuenta, accionar que vulnera los derechos a la salud, vida y libertad de locomoción que están previstos en la Constitución Política del Estado”.
Cox instó Mamani a “regular los aranceles de los establecimientos privados de salud y a emitir instructivos a las clínicas para que se evite retener cadáveres”.
Sentencia
En Bolivia está plenamente vigente la Sentencia Constitucional 2007/2013 que prevé que “el cobro de deudas emergentes de internación y honorarios médicos cuenta con las vías procesales para su cobro”.
Los establecimientos que retienen cadáveres se arriesgan a un amparo, pues la sentencia definió que no se puede optar por esta vía “porque se lesionan los derechos a la dignidad, a la libertad y los derechos religiosos”.
La sentencia se emitió a raíz de la denuncia de una madre que no podía retirar el cadáver de su hijo del hospital Viedma, fallecido tras un accidente de tránsito y cuya deuda por atención superaba los 15 mil bolivianos.
