Estado pierde $us 40 MM cada año por ropa usada
El negocio ilícito de la comercialización de la ropa usada provoca una pérdida de 40 millones de dólares cada año para el Estado, según los cálculos de la Cámara Departamental de Industria de Cochabamba (Camid).
“Se calcula que 100 millones de dólares cada año invierten para comprar de contrabando esta ropa usada. El gravamen para la importación legal de prendas es 40 por ciento. Entonces, el Estado debería recibir los 40 millones de dólares por el gravamen”, afirmó el tesorero de la Camid, Ramón Daza.
Explicó que el negocio de la ropa usada es manejado por pocos; que aproximadamente 100 familias se dedican al contrabando —porque no pagan impuestos al hacer ingresar las prendas— y que ellos venden la mercadería a los mayoristas, quienes a la vez lo revenden a los más de 300 mil comerciantes del país que se dedican a este negocio ilícito.
El Decreto Supremo 28761, en el numeral 3 del artículo 3, prohíbe “la importación y comercialización de mercancía clasificada como prendería vieja, desechos, desperdicios, ropa íntima, de cama y de tocador”.
Los comerciantes de ropa usada piden al Gobierno anular ese decreto y legalizar su negocio; sin embargo, este pedido fue rechazado por considerarlo atentatorio a la industria nacional.
Según el registro de la Camid, hace cinco años al país ingresaron de contrabando 8 mil toneladas de prendas usadas y en 2018 esta cifra subió a 12 mil toneladas. Daza estima que, a ese ritmo de crecimiento, en tres años se superarán las 18 mil toneladas.
Por otro lado, el representante de los empresarios cochabambinos, Javier Bellott, instó a consumir textiles producidos en el país para alentar la economía nacional; dijo que hay industrias que producen prendas de calidad y a precios accesibles.
Ayer, en conferencia de prensa se pronunciaron los titulares de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, de la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía y la Fundación Hecho en Bolivia, rechazando la comercialización de ropa usada por la afectación a la industria textil.
