Empresarios rechazan que casos de Covid se traten como accidente laboral
La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), junto a sus entidades miembro y representantes del Colegio Departamental y Nacional de Contadores y del Colegio Departamental de Auditores, solicitó que se deje sin efecto el Instructivo Nro. 003/2020 emitido por la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss) debido a que atenta contra la estabilidad económica de las empresas y no cuenta con fundamento técnico ni médico.
Además, solicitó que el Gobierno autorice el diferimiento de pago del Impuesto a la Utilidad de las Empresas (IUE).
Al respecto, el presidente de la FEPC, Javier Bellott, calificó de incoherentes estas medidas debido a la difícil situación económica que atraviesa el país, particularmente el departamento de Cochabamba.
“Es importante que la Asuss deje sin efecto el instructivo INS/Asuss/DGE/DJ No. 003/2020 porque no tiene asidero legal, es violatorio del ordenamiento constitucional y es pernicioso para el aparato productivo del país y la seguridad jurídica que debe garantizar el Estado boliviano a sus administrados”, expresó.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Contadores de Bolivia, Teresa Mercado; el presidente del Colegio de Contadores de Cochabamba, Freddy Siles; y el presidente del Colegio de Auditores de Cochabamba, Marcelo Vega; coincidieron en que el Gobierno debe autorizar el diferimiento de pago del IUE, que tiene como plazo establecido hasta el 29 de mayo de 2020.
“Para hacer el pago del IUE, debemos primero elaborar los estados financieros, auditar esos estados financieros, ajustarlos y dictaminarlos. ¿Cómo haremos esto hasta el 29 de mayo si estamos en cuarentena?”, agregó Mercado.
Asimismo, Bellott expresó que el sector económico de Cochabamba no garantiza el retorno de operaciones productivas de forma regular hasta que el Estado considere la anulación del instructivo de la ASUSS y el diferimiento de los IUE.
“Es necesario medidas serias y objetivas para aliviar la dura carga de las empresas que ya se viene arrastrando con el pago de sueldos improductivos y el acecho de normativas fuera de toda lógica económica”, añadió el presidente de la FEPC.
A su turno, la presidenta de la Cámara Regional de Despachantes de Aduana (CRDA), Sofía Villegas, dijo que deben insistir al Gobierno para que escuche los pedidos del empresariado para tomar medidas en beneficio de la población y salud del país.
Al respecto, la presidenta de la Cámara departamental de la Pequeña Industria y Artesanía Productiva Cochabamba (Cadepia), Luz Mary Zelaya, lamentó que toda la carga social deba caer sobre el empresariado. “No solo es el problema con el pago del IUE y del instructivo de la Asuss, (…) será muy preocupante para nosotros volver a trabajar a partir del 1ro de junio”, expresó.
Finalmente, el presidente de la Cámara Departamental de Transporte de Cochabamba (CDTC), Rubén Alvarado, confirmó que el empresariado está dando sus últimos esfuerzos económicos para mantener funcionando las empresas y garantizar la permanencia de empleos.
“El transporte de carga internacional solo de Cochabamba aglutina 10 mil trabajadores. Si nos declaramos en quiebra, 10 mil familias van a quedar sin fuentes de ingreso de manera directa”, explicó.
