Oficial: asaltos a los poderes del Estado en Brasilia resultaron de una “cadena de coincidencias”
Los ataques antidemocráticos del 8 de enero pasado contra las instituciones del Estado en Brasil fueron resultado de una “cadena de coincidencias”, que incluyen graves fallos de seguridad, según un informe presentado ayer por el Gobierno.
Al presentar el informe, el secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, Ricardo Cappelli, afirmó que cree en la existencia de una “conspiración”, pero admitió que “no es fácil probar” esta hipótesis.
“En la mejor de las hipótesis, faltó dirección y responsabilidad. Pero el conjunto de coincidencias puede configurar algo mucho más grave”, dijo Cappelli, quien está a cargo de la seguridad de Brasilia desde después de los ataques.
Responsabilidades
El informe, que fue entregado al Supremo Tribunal Federal, trata de aclarar el papel de los órganos de seguridad en relación con los ataques, perpetrados por miles de bolsonaristas radicales contra las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El informe apunta la responsabilidad del exsecretario de Seguridad de Brasilia Anderson Torres, quien también fue ministro de Justicia en el Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro y está arrestado desde el 14 de enero.
Cappelli afirmó que Torres “generó inestabilidad” en los órganos de Seguridad de Brasilia porque, nada más asumir el cargo el 1 de enero, cesó a varios comandantes y permitió que otros salieran de vacaciones.
El propio Torres viajó a EEUU antes de los ataques, aunque oficialmente iba a tomarse vacaciones el 9 de enero.
Dos días antes de los ataques, Torres recibió un informe de inteligencia que exponía la existencia de “una amenaza concreta” y anticipaba los planes de los bolsonaristas de invadir las sedes de los tres poderes, pero no se puso en marcha un plan de seguridad especial. Sólo 155 policías
Según los documentos de los órganos de Seguridad, se tenía previsto desplegar 555 policías en el centro de Brasilia, un dispositivo rutinario, pero los videos del día de los ataques sugieren que había menos de 150 agentes.
Para proteger a los edificios públicos se instaló una fila de vallas simples, aunque el protocolo de seguridad aconseja poner vallas dobles en días de manifestaciones, y su vigilancia estaba a cargo de cadetes de la Academia de Policía.
El informe también señala que los policías que vigilaban la manifestación incautaron objetos contundentes y máscaras, que “anticipaban una acción violenta”, pero la seguridad no fue reforzada.
Del lado de los radicales, subrayó Cappelli, hubo una “acción organizada, profesional”, puesto que varios de ellos usaban radiocomunicadores y se coordinaron para derribar las vallas, antes de la invasión de las sedes de los tres poderes.
Según el interventor de Seguridad en Brasilia, también se va a investigar la conducta de los policías desplegados el día de los ataques, puesto que fueron omisos e incluso algunos confraternizaron con los agresores.
“Escalada” contra Lula comenzó 3 meses antes
El secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, Ricardo Cappelli, subrayó que hubo una “escalada” de ataques antidemocráticos desde la victoria del presidente Lula da Silva en las elecciones del 30 de octubre, que culminó con las invasiones del 8 de enero.
Según las conclusiones del informe, esos ataques fueron “planificados” en el campamento montado por los ultraderechistas frente al cuartel general del Ejército, en Brasilia, en donde en vísperas de la invasión se congregaron alrededor de 4.000 personas.
Cerca de 1.800 personas han sido arrestadas por su supuesta implicación en los ataques, aunque cerca de la mitad responderán a la Justicia en libertad.
El Supremo Tribunal incluyó a Bolsonaro en la lista de investigados para aclarar si instigó a sus seguidores a perpetrar los ataques.
