Propuestas de cumbre pasan a análisis jurídico
Una comisión de juristas analizará las propuestas planteadas en la Cumbre Nacional de Justicia que se desarrolló en la ciudad de Sucre, informó ayer la ministra del área, Virginia Velasco. El vicepresidente Álvaro García Linera señaló que se logró diseñar una “ruta de trabajo” y dijo que los distintos órganos del Estado estarán involucrados en la implementación. Aún no hay plazos.
El pasado viernes y sábado se desarrolló la Cumbre de Justicia con la participación de más de 1.500 personas, sin embargo, el 73 por ciento de los asistentes fueron representantes de organizaciones sociales, 18 por ciento organizaciones estatales y sólo el 8 por ciento era miembros de instancias académicas o colegiadas. El Colegio Nacional de Abogados (Conalab) y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) abandonaron el evento de forma separada.
Sin embargo, García Linera señaló que “lo importante es que hemos diseñado una hoja de ruta hay un plan, hay un objetivo, una meta. Yo no he visto críticas a la meta, el tema de la reelección no es un tema de debate y la Cumbre de Justicia no fue a debatir ese tema”.
Añadió que el Gobierno acudirá a la Asamblea Legislativa Plurinacional, “vamos a tener que hablar con los órganos supremos del ámbito judicial para llevar adelante y consultar qué se requiere para este cambio y que se requiere para este otro cambio”.
El Vicepresidente aseguró que se debe “enriquecer con nuevos debates, pero ésta es una buena columna vertebral que emerge de la sociedad civil para un diseño del cambio de la justicia. El objetivo es tener una nueva justicia en los siguientes años, esa es la meta”.
Por su parte, la ministra Velasco señaló que para la aplicación de las conclusiones de la Cumbre de Justicia “se creará una comisión que analizará jurídicamente las propuestas de las mesas de trabajo de y se trabajará con constitucionalistas”.
Dijo que la comisión analizará las propuestas de cadena perpetua en casos de violación a niños y niñas seguida de muerte, la sumatoria de penas para quienes cometen delitos graves, además de las filmaciones y grabaciones como prueba en delitos de corrupción, entre otros.
Inspectoría
Asimismo, dijo que el encuentro propuso la creación de la Inspectoría Judicial que será una oficina especializada para sancionar a aquellos operadores judiciales que incurren en retardación de justicia, a aquellos que ingresan en “chicanerías” jurídicas y para aquellos que forman parte de consorcios.
“Esta inspectoría estará conformada por profesionales idóneos, capaces, que no se hagan corromper, entonces tienen que ser probos para sancionar a los malos operadores de justicia”, aseguró.
CONCLUSIONES DE LAS MESAS
Después de las dos jornadas de trabajo, la Cumbre de Justicia dio a conocer sus resultados. La mesa 1 decidió mantener la elección de altas autoridades judiciales por sufragio universal, sin embargo encargó a la Asamblea Legislativa ajustar el reglamento de preselección de candidatos.
La mesa 2, que trató el acceso a la justicia, aprobó, entre varios puntos, la gratuidad de la justicia y la creación de salas constitucicionales en cada departamento.
La mesa 3, que debatió sobre la corrupción en el sistema judicial, decidió que en un plazo de 120 días se debe evaluar a jueces, vocales, fiscales, policías y abogados de defensa pública con la finalidad de expulsar del sistema judicial a operadores que tengan denuncias, sanciones y sentencias penales.
La mesa 4 , que analizó el tema de la corrupción, determinó crear una inspectoría, como un extraórgano, y la designación de un defensor del litigante.
Mientras que la 5 delineó medidas para la política criminal como el endurecimiento de penas y la compilación de tipos penales en un sólo código además de incluir la conciliación en este sistema. Por último, la mesa 6 aprobó suspender la matrícula desde 5 hasta 20 abogados y operadores de justicia que estén implicados en hechos de corrupción.
