Ven persecución política en procesos a opositores

La Paz | Los Tiempos

De un tiempo a esta parte, los jefes políticos de oposición son objeto de procesos en su contra por diversos motivos, por lo que los asambleístas nacionales, que no son afines al partido oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS), consideran este plan sistemático como una arremetida “chavista” que busca encarcelar a los opositores. Sin embargo, los representantes del MAS sostienen que esta acción corresponde a la justicia.

Uno de los últimos ataques a la oposición fue el anuncio de la imputación formal en contra del jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, por el caso Focas (Formación de Capital en Áreas Secundarias) y el pedido de detención preventiva en el penal de San Pedro que plantea el Ministerio Público y que será ratificado en la audiencia de medidas cautelares el próximo 3 de noviembre en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Sucre.

Según la oposición, hay más de una centena de procesos en contra de líderes políticos que no son afines al MAS. Entre ellos  los juicios en contra del alcalde de La Paz, Luis Revilla, con por lo menos 40; al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, con 30 al igual que Ernesto Suárez; José María Leyes, que presumiblemente encara nueve procesos; y en contra del expresidente Jorge Tuto Quiroga.

Los diputados de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría y Gonzalo Barrientos, coincidieron en señalar que el partido oficialista ha “instrumentalizado” la justicia para perseguir a los políticos que no siguen la línea masista y que piensan diferente.

“Se ha instaurado una serie de proceso contra alcaldes, gobernadores, dirigentes bajo la “fórmula chavista” de persecución política, instrumentalizar la justicia para neutralizar a la oposición. Estamos amarrados de pies y manos porque no podemos recurrir a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría, al Legislativo y ahora a la justicia, porque todo está controlado por el oficialismo”, dijo Barrientos.

Para Santamaría, el MAS montó una estrategia para desarticular a la oposición con una serie de mecanismos, que pese a no tener sustento legal, utilizan a la justicia para atacar a la oposición.

“La justicia se ha constituido en un brazo operativo del Gobierno, se busca inhabilitar a la oposición al mejor estilo de Venezuela, pero nosotros vamos a dar lucha y denunciar estos atropellos ante instancias internacionales, más temprano que tarde se hará justicia”, señaló.

Samuel se defiende

“Vamos a estar presentes en Sucre para defendernos, siempre voy a trabajar en mi país, no me van a asustar, no me voy a ir. Son abusos que quiere cometer este Gobierno, imagínense, me quieren meter un juicio por algo que ha ocurrido hace 30 años, un crédito que se hizo en el gobierno de Víctor Paz, han pasado más de 10 años de este Gobierno, nunca me han acusado de nada y ahora quieren agarrarse de ese tema, porque quieren seguir el camino de Venezuela, para que no haya oposición”, señaló Doria Medina a Los Tiempos.

De acuerdo con la denuncia, Doria Medina suscribió el 8 de octubre de 1992 un contrato de préstamo de 21 millones de dólares con dinero de Focas a favor de Funda Pro y con un interés menor al que pagaba el Estado a sus acreedores.

Por esta razón se lo acusa de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

EL OFICIALISMO DESLINDA RESPONSABILIDAD EN JUICIOS

En tanto, los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores deslindaron cualquier responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en este proceso que se instauró en contra de Doria Medina y que el mismo se ventila en la justicia.

“Lo que se va a hacer es lo correcto. Quien tenga deudas pendientes con el Estado tiene que responder y no puede hablar de persecución política”, dijo Gabriela Montaño presidenta de Diputados. A su vez, José Alberto Gonzales, del Senado, manifestó que el tema se ve en la justicia, instancia en la que el acusado deberá presentar sus descargos.

“La justicia es la que tiene que decir su palabra, es el acusado el que tiene que plantear su defensa, presentar sus descargos y si él (Doria Medina) como clama que es inocente, bueno pues seguramente la justicia lo declarará inocente”, señaló.

El diputado del MAS Édgar Montaño dijo este martes que “corresponde” que el empresario y político Samuel Doria Medina sea detenido por el caso Focas.

DORIA MEDINA EN MANOS DE DOS JUEZAS

Las magistradas Norka Mercado y Maritza Suntura, integrantes de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, definirán la suerte del líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, en dos audiencias de medidas de cautelares del 3 y 9 de noviembre, por los casos Focas y ENFE, respectivamente, informó radio Aclo de Sucre de la red Erbol.

Suntura explicó que ambas magistradas cumplirán el rol de un juez cautelar para considerar la medidas cautelares y sustitutivas solicitadas por la Fiscalía General de Estado. En el caso Focas, la audiencia fue programada para las 15:30, donde se definirá la situación procesal de Doria Medina y otras veinte personas que son acusadas por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.  La solicitud de imputación formal del Ministerio Público está dirigido en contra de: Fernando Illanes de la Riva, German Reynaldo Peters Arzabe, Samuel Jorge Doria Medina Auza, Arturo José Beltrán Caballero, Raúl España Smith, Juan Demeure Vander, Antonio Céspedes Toro, Domingo Enrique Ipiña Melgar, Jesús Hernán Antelo Laughlin y Germán Quiroga Gómez.

PIDEN HIPOTECA LEGAL DE 21 INMUEBLES

Además de la detención preventiva en la cárcel de San Pedro, la Fiscalía General del Estado solicitó al Tribunal Supremo de Justicia, autorice la hipoteca legal de 21 inmuebles de propiedad del jefe opositor de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, para resarcir un supuesto daño económico de 21.061.277 dólares por el caso Focas.

La Resolución FGE/RART Nº 16/2016, a la que tuvo acceso Erbol, recuerda al Tribunal que el pasado 1 de febrero de 2016, ya se dispuso a anotación preventiva, que fue ratificada mediante Auto Supremo Nº 010/2016, de 11 de mayo de 2016.

Argumenta que considerando que se tiene demostrado un daño económico certificado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, amerita la aplicación de medidas cautelares reales para garantizar la reparación del daño y los perjuicios, así como el pago de costas o multas.

La Fiscalía solicita al Tribunal autorizar la conversión de anotación preventiva ya dispuesta por la hipoteca legal, disponiendo su inscripción en el Registro de Derechos Reales.