El CEUB continuará apoyando proceso de elecciones judiciales

La Paz | Los Tiempos

Ante la determinación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de abandonar, por presuntas irregularidades, la comisión de académicos que evaluará a los aspirantes a cargos en el Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) decidió permanecer en el proceso. Sin embargo, advirtió con apartarse de esta actividad de existir interferencias, injerencias o presiones de alguna naturaleza.

“Respetando esa decisión, el sistema de la universidad va a participar, va a seguir participando mientras no existan denuncias concretas”, dijo a Los Tiempos el secretario ejecutivo del CEUB, Gustavo Rojas Ugarte.

Ratificó que si ven algún tipo de interferencia de parte de los partidos políticos u otros actores, obviamente, el sistema va a dar un paso al costado, afirmó.

Con referencia a las denuncias que hicieron los asambleístas de la oposición contra algunos delegados de la comisión de académicos, dijo que lo importante hubiese sido que primero hagan llegar sus observaciones al CEUB para que ellos, internamente, traten de solucionar”, explicó.

El rector de la UMSA, Waldo Albarracín, señaló el jueves que “no por decisión del suscrito rector, sino previo análisis serio, objetivo y responsable del Honorable Consejo Universitario (HCU) en su sesión de ayer (miércoles), ha decido que no va a participar de este proceso de selección porque vemos que hay serios indicios de contaminación”.

El Ejecutivo de la CEUB, al reiterar el respeto a la decisión autónoma, lamentó que la casa de estudios superiores de La Paz se haga a un lado toda vez que es la más representativa del país.

“Es una situación muy sensible. Desde el primer momento en que el Sistema de la Universidad ha aceptado ser partícipe de este proceso, hemos tenido un sin fin de observaciones, de críticas y, bueno, algunas denuncias incluso, pero, lastimosamente, no nos han hecho llegar en forma oficial, lo hicieron en forma pública directamente”, indicó.

Por otra parte, dejó en claro la necesidad de que se oficialicen las denuncias que plantean algunos asambleístas u otros sobre la designación de los representantes ante la comisión para que el CEUB remita las notas respectivas y subsanen el problema, porque, recordó, que la elección de los mismos fue realizada por los consejos de la carrera de Derecho de cada universidad.

A la fecha, son dos delegados que se marginan de la comisión: el titular Edgar Alberto Luna Yáñez (UMSA) y el alterno Jorge Calizaya Gutiérrez de la Universidad Amazónica de Pando (UAP) debido a las denuncias que se realizaron contra su persona.

Los posibles reemplazos son John Tapia Soliz de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) o Leonardo David Villafuerte de la Universidad Católica Boliviana (UCB).

ARCE PREOCUPADO

El ministro de Justicia, Héctor Arce, expresó ayer su preocupación por la decisión de la UMSA de abandonar el proceso de preselección de candidatos a elecciones judiciales; calificó de precipitada esa determinación.

“Nos parece irracional descalificar un proceso antes de que empiece, nos preocupa profundamente que sea nuestra universidad quien ni siquiera espera que empiece el proceso y finalmente evaluar un proceso y descalificar de una manera tan abrupta”, lamentó.

INFORME SOBRE PRESUPUESTO

El jueves, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, expresó su preocupación por el recorte que realizó el Ministerio de Economía al presupuesto requerido para llevar adelante las elecciones judiciales que se verificará el 22 de octubre próximo. Señaló que el proceso se encontraba en riesgo, toda vez que se decidió una reducción de casi 50 millones de bolivianos.

Ante esto, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, informó que “estamos convocando a una reunión para la próxima semana al TSE, y a representantes del Ministerio de Economía para revisar los números. No hemos tomado parte en la elaboración del presupuesto que ha elaborado el TSE”, señaló al manifestar que se buscarán soluciones para garantizar los comicios.

El TSE comunicó que el Ministerio de Economía aprobó un presupuesto de 106.448.314 bolivianos para la organización de las elecciones judiciales del 22 de octubre, lo que representa 49.115.877 bolivianos menos de lo solicitado por el Órgano Electoral, 155.564.191 bolivianos.