De fallos

La condena del exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández y la detención del líder de los Demócratas en el Beni Ernesto Suárez, en el penal de Mocoví, puso a la justicia, a sus operadores, en entredicho. Para unos el sistema judicial responde a los dictados del MAS y para los oficialistas las decisiones de los jueces corresponden a derecho. Y como ambos analizan los fallos, las resoluciones, desde la óptica que les conviene, el ciudadano común precisa de información complementaria para sacar conclusiones.

En el caso de Fernández no fue una sorpresa la sentencia de 15 años que se le dio por el caso que el oficialismo catalogó de masacre, que al final no se concedió en la justicia. Lo que llama la atención de esa condena es que no se computa el tiempo que el pandino ha pasado en detención domiciliaria ni que se hable de otras víctimas y de otros supuestos culpables. Lo primero, por una disposición del Tribunal Constitucional se debe tomar en cuenta para el plazo que un condenado debe estar en la cárcel. La misma fue dictada años antes de que el exprefecto sea condenado. Su omisión deja una pésima señal.

Si el ciudadano en cuestión fue juzgado respetando su derecho a la defensa, la valoración de pruebas con justa medida, es difícil saber desde la distancia y por tanto también es complicado decir si hay parcialidad o no de los jueces. Pero el hecho de hacer caso omiso al Tribunal Constitucional, cuya disposición es de cumplimiento obligatorio, deja una señal de que en la administración de justicia pasa algo extraño, sea por presiones o por temores al poder que en forma pública sentenció, de antemano, al mencionado ciudadano.

Con tantos juicios que le siguen a Ernesto Suárez, la sensación de que en algún momento habría una detención en la cárcel pública estaba latente. Pero lo que menos se esperaba era que ésta se diera por no demostrar su domicilio legal en una audiencia cautelar, por un supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas, lo que visto desde la óptica del juez se puede afirmar que es correcta su apreciación. En derecho no importa si sabe dónde vive, sino que se lo demuestren. Y al parecer hubo una contradicción que lo llevó a ser severo, pero que es subsanable con la corrección de la misma y además es pertinente mencionar que no ha sido culpado de lo que se le acusa, pues no se ha llegado al tema de fondo. Si hay presiones en este caso, en poco tiempo más se tendrá elementos para afirmar que así fue o no.

La judicialización de la política es lo que la gente siente al final de los dos procesos citados. Consecuencia de esa sensación se genera una desconfianza en los operadores, en el sistema. Por ello se afirma que la justicia en Bolivia no sirve, que está carcomida por la corrupción.

Esto es lo grave. Si la justicia está en ese estado es porque la falla no solo se encuentra en los administradores, está en el entramado social, en el sistema educativo, en la difusión y aplicación de los valores que asume una sociedad para la convivencia pacífica, sea en la política, en la economía, en las relaciones interpersonales.

Eso sí que es complicado solucionar. No basta un escrito, una demanda bien planteada, requiere de un compromiso de todos para acatar lo que la justicia independiente, justa, determina y que se basa en los valores aceptados en un pacto social. ¿Lo hacemos?

El autor es  periodista.