La Participación Popular autonómica

Los números que manejan los funcionarios del agotado proceso de cambio, no son comparables con las cifras de los tiempos en los que agudizábamos el ingenio para ejecutar políticas públicas.

El Gobierno del Plan de Todos a sólo siete años de la hiperinflación, aprobó el 20 de abril de 1994 la Ley 1551 de Participación Popular; con un grado de temeridad incomprensible, la ley maldita estableció los elementos que faltaban para recuperar la gestión del Estado y la democracia, en favor de la revolución ciudadana. Como consecuencia, se produjo una irrupción en su manifestación individual y colectiva, produciendo que los territorios tengan responsables con una diversidad de apellidos en el ejercicio del poder. De todos los pueblos y con vestimenta de todas las geografías.

Apareció la jurisdicción y competencia acompañada de recursos, transferencia directa y automática del 20% de los ingresos coparticipables, más 5% en favor de las universidades. La República logró presencia física, con autoridad y servicios que empezaron a ser exigibles. Las funciones se expresaron con autonomía, radicada en municipios y ahora, gobernaciones y ella obligó a la inter-sectorialidad de sistemas integrados en Desarrollo Humano, Económico, Sostenible y Medio Ambiente. Esta forma de operación se reprodujo en todas los territorios de manera orgánica.

Los pueblos, naciones, comunidades y la sociedad civil dejaron de ser una referencia corporativa para convertirse en soporte directo de la democracia a través de las organizaciones ciudadanas que hoy compiten por la gestión y el poder.

Se le quitó a los burócratas la exclusividad en la inversión pública y con la planificación participativa, los “ignorantes” definieron lo que necesitaban, imponiendo transparencia. Se descubrió la inversión concurrente de esfuerzos con actores públicos, privados y sociales para el desarrollo. Los hospitales, las escuelas, los mercados, la inversión productiva, el turismo, con dolor para el Presidente y los ministros, dejaron de aprobarse en la ciudad de La Paz y en las capitales departamentales.

El ordenamiento territorial produjo distritos indígenas, mancomunidades municipales, comunidades productivas, TCO y áreas protegidas, que aparecieron de manera natural. Los ojos se abrieron para obligar al centralismo a sufrir la soledad angustiosa del prepotente al que se le impusieron limitaciones.

Suponer que la LPP es dueña de todas las virtudes resulta tan desproporcionado como negarla o desconocerla. En proyección, es un mojón sólido en la construcción democrática de nuestra sociedad. La dialéctica enseña que las acciones son producto de construcción inteligente y en ese momento, se aprovecharon decisiones de gobiernos anteriores. La Ley de Corporaciones, de Municipalidades, Safco y el Censo del año 1992, fueron el marco para las decisiones del primer gobierno de Goni. Como lo son para la Ley de Autonomías que a los actuales funcionarios les cuesta reconocer sin atragantarse.

En recursos, no, pero en la profundidad de las decisiones la LPP le lleva varios cuerpos de ventaja a la gestión actual. Esa es la diferencia con el enfoque mezquino que mantiene mi buen amigo Hugo Siles, viceministro de Autonomías, que gusta leerme y contestarme. Como yo a él.

El autor es director de Innovación del Cepad