Rastreado por pensar diferente
La persecución de periodistas y opositores, a través de las redes sociales por la Policía, atenta contra la libertad de expresión, en tiempos de la democracia que, debería respetar la Constitución Política del Estado que garantiza la libertad de opinión y de pensamiento de quienes emiten su criterio por cualquier medio de comunicación.
La revelación del comandante de la Policía no hace más que evidenciar el temor y el nerviosismo que existe en esferas gubernamentales, porque las redes sociales se han vuelto contestatarias al sistema de gobierno que controla los medios de comunicación tradicionales a través de la propaganda del ministerio de Comunicación, que impulsa una campaña de información a favor del Gobierno.
El mismo presidente Evo Morales reconoció que si no dedican especial atención a las redes sociales, tienen el riesgo de perder las elecciones. Ante esa debilidad tomaron la decisión de capacitar a sus “guerreros digitales” que no tienen creatividad, apelan al insulto, visibles faltas de ortografía y de concordancia en la redacción de textos que escriben. Por si fuera poco, funcionan con presupuesto del ministerio de Comunicación que dilapida recursos con propaganda gubernamental en los medios de comunicación estatales y privados.
No contentos con esa estrategia, el comandante de la Policía Boliviana, hizo conocer a las autoridades sobre el seguimiento y persecución de periodistas y opositores que resultan ser incómodos e intolerantes, para quienes detentan el poder y que no pueden contrarrestar la reacción de la ciudadanía que, de manera crítica, expresa sus opiniones sobre el proceso de cambio, que quiere perpetuarse en el poder a costa de violentar la CPE e imponer una política de miedo y de terror a quienes piensan diferente.
Si revisamos la CPE y el rol de la Policía Boliviana, “como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano”. Ahora se ocupan de seguir a opositores y periodistas, como si fueran sujetos peligrosos para la seguridad del Estado. Si bien dependen del ministro de Gobierno, dice la CPE que, como institución, no delibera ni participa en acción político partidaria.
La ciudadanía al enterarse de las acciones del comandante de la Policía Nacional, expresó su rechazo, por asumir competencias que no les corresponden, pidieron proceso y destitución del cargo, pero en las esferas del gobierno no pasa nada, hay protección de la autoridad que se convirtió en un aliado del proceso de cambio, señala que el audio ha sido editado, aunque el comandante no aclara si fue así.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en esa manía de encubrir y proteger una falta dijo que está buscando a los culpables de la edición del audio, para darles una severa sanción, cuando el accionar del ministro debería ir por la vía de la destitución, porque contradice al artículo 106 de la CPE que expresa con claridad que “El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de información y de opinión, a la rectificación y a la réplica y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa”.
Las redes sociales se han convertido en espacios de diálogo y de interacción que no ofrecen los medios tradicionales. A través de las redes sociales expresan su rabia, apelan al humor y la ironía, para buscar un cambio de actitudes en la forma de gobernar y legislar el país. El resultado “seguimiento, persecución y amedrentamiento” de quienes piensan diferente.
El autor es periodista y docente universitario
Columnas de CONSTANTINO ROJAS BURGOS
