Las ciudades intermedias y la irrupción de la nueva Bolivia

Columna
ÁGORA REPUBLICANA
Publicado el 01/09/2020

El territorio rural boliviano se está despoblando. Cuando analizamos la ubicación de la población en el territorio, nos encontramos con sorpresas que, hasta ahora, el discurso oficial había encubierto.

Somos un país de gran extensión territorial con poca y dispersa población en las áreas rurales. Repetir que de 339 municipios existentes en el país, 256 tienen población menor de 20.000 habitantes y en ninguno de ellos existe un hospital de segundo nivel, es repetir un dato que en estos momentos debiera obligarnos a ver la realidad de una manera distinta.

No se trata solamente del tema de salud, fundamental en estos momentos. Son, también, las condiciones básicas que requiere tener una persona en el lugar en el que vive, para sentirse apoyada en su trabajo y protegida en su integridad. La lista de esas condiciones pasa por la existencia de oficinas de registro civil, del Segip, de entidades económicas, de servicios institucionales, educativos, de justicia, recreación, cultura, espacios públicos, centros de apoyo a la producción, asistencia técnica, energía, comunicación…

Cada necesidad que el habitante de uno de esos municipios tenga y no esté provista en su territorio, le significará salir a buscarla. Eso es lo que llamamos “presión migratoria” y quien la sufre en primer lugar, son los jóvenes, los innovadores y los emprendedores y por eso son los primeros en buscarse el futuro en otro lugar.

Esta afirmación no pretende desconocer el valor de la diversidad étnica y cultural de la sociedad boliviana, que, por otro lado, es una de sus riquezas. Busca reconocer la ignorada calidad urbana de la vida social, política y económica de la sociedad, para que exista reconciliación entre las ciudades y el denominado territorio rural, en una relación de complementariedad. Sin territorio rural, sin producción agropecuaria, sin ocupación del territorio, no existe soberanía real, ni política ni alimentaria, no existirían sostenibilidad, agua ni energía.

Venimos llamando la atención sobre este aspecto desde hace algunos años, por la importancia que tiene en la vida de los bolivianos y en la consolidación plena de la democracia. Los espacios los ocupan las personas y el Estado con su institucionalidad debe ofrecer las condiciones de gobernabilidad democrática y gobernanza, esto es, presencia, eficacia y eficiencia.

Estudiando nuestro mapa de espacios sin población sostenible, vemos que algunos municipios inducen, sin quererlo, a un equívoco por la relación del número de pobladores y la extensión territorial con la que cuentan. Dos ejemplos –ambos con datos del Censo 2012– ayudan a comprender la afirmación: la Autonomía Indígena de Charagua, antes municipio, es el gobierno local más extenso de Bolivia con 74.424 km², y una población de solamente 33.994 habitantes; y San Ignacio de Velasco tiene 52.362 personas en una extensión de 47.865 km². Sin duda que esa extensión territorial puede ser una cualidad, una ventaja y un atributo positivo que debe ser desarrollado con consciencia, capacidad y resultados. Charagua porque tiene sobre sí una modalidad de gran importancia política, como es la autonomía indígena, y San Ignacio de Velasco, por las extraordinarias riquezas geográficas y naturales que posee. ¿Cuáles son las decisiones adoptadas para que esos territorios, sean sostenibles?

Esta reflexión es válida para todas las entidades autónomas de Bolivia. El atributo de la autonomía debe volverse gobierno real y poder ciudadano, y convertirse en facilitador de las condiciones que las personas necesitan para vivir dignamente. Y esas respuestas no siempre vendrán de los niveles centrales. Casi nunca. Por eso existe esa incomodidad contra el centralismo, de todos los signos políticos que viven de los titulares de algunas capitales que distraen y confunden la atención.

Las próximas elecciones regionales, departamentales y municipales, serán las primeras plenas de la Bolivia autonómica pues el Gobierno nacional no tendrá la posibilidad de ignorarlas, chantajearlas o condicionarlas en su ejercicio.

Esa es la Bolivia que necesita una red de ciudades intermedias que aliente la democracia y el desarrollo en favor de la gente.

 

El autor es director del Innovación del Cepad

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