El caso del Hipódromo

Columna
Publicado el 19/10/2020

Lejos de la campaña electoral y sin ambiciones de popularidad, la presidenta Jeanine Áñez ha dado pasos firmes para corregir la injusticia cometida en Elfec. Esperemos que ese daño a Cochabamba quede pronto reparado. Otro daño enorme que también podría superarse con decisión política es el causado en el hipódromo del Club Hípico Nacional, una propiedad asediada por la codicia de unos pocos y la envidia de otros más.

En noviembre de 2014, el Colegio de Arquitectos de Cochabamba, en acuerdo con la Gobernación, premió un proyecto para la construcción de un nuevo estadio en Cochabamba. Le llamaron El Batán por su forma, y debía albergar a 60 mil espectadores, además de tener un coliseo y un hotel adjuntos. El proyecto estaba concebido para realizar ahí los Juegos Suramericanos 2018. Se esperaba conseguir crédito chino para esa obra.

Con ese propósito, el 24 de marzo de 2015 se promulgó la Ley 668, que declaró de “necesidad y utilidad pública la expropiación de bienes inmuebles para la implementación del proyecto y construcción de un estadio” en el Municipio de Cochabamba, y otorgó al Ministerio de Obras Públicas la responsabilidad de identificar los predios y proceder a la expropiación. Curiosamente, dicha ley no menciona en ninguna parte los terrenos de propiedad del Club Hípico, por lo que resultaba, declarando “de necesidad y utilidad” el acto de expropiación en sí mismo, una aberración jurídica y una verdadera proclama política.

Además, esa ley fijaba un límite al monto de indemnización, que no podía ser mayor en un 10% al que fijaran los avaluadores de su preferencia. Esto era tan grosero que el Tribunal Constitucional terminó declarándolo inaplicable mediante sentencia.

Con una rapidez inusitada para la burocracia boliviana, al día siguiente de promulgada la ley, el Ministerio de Obras Públicas emitió la Resolución Ministerial 078 creando la Unidad Ejecutora del estadio, y en menos de un mes, esa Unidad emitió un informe técnico que incluía avalúos. Según ellos, un terreno en la Blanco Galindo estaba a 22 dólares el metro cuadrado.

En base a esos informes el Ministerio de Obras Públicas emitió la Resolución Ministerial 097 para expropiar las 18 hectáreas del hipódromo, lo que de hecho violaba la Constitución, pues ella establece que solo se pueden expropiar propiedades privadas mediante ley, no por resolución ministerial.

Sin embargo, el 17 de junio de 2016, los predios del Club Hípico fueron ocupados por la fuerza y ese abuso permanece desde entonces.

El Club Hípico, una persona jurídica con plena vigencia, sigue siendo dueño de esos terrenos que fueron adquiridos por donaciones de sus socios y compras sucesivas a lo largo de los años, a tal punto que el registro de Derechos Reales está respaldado por más de 30 compras y cesiones diferentes. Obviamente, el Club ha demostrado claramente que no ha dado su consentimiento a las formas en que procedió el Gobierno, demandando que se proceda de acuerdo a lo que la ley y la justicia disponen. Si se demuestra el bien común y se respetan sus derechos, el Club Hípico se someterá a la ley, según han declarado reiteradamente sus representantes.

Los Juegos Suramericanos de 2018, finalmente, se realizaron en el estadio Félix Capriles sin dificultad alguna, demostrando que la construcción de un nuevo estadio no era de necesidad ni utilidad pública y que, en consecuencia, resulta imperativo anular todo lo obrado y devolver el hipódromo a sus dueños legítimos y legales.

En realidad, bastaría con anular la Resolución Ministerial 097 para que se restituyan los derechos del Club Hípico. De hecho, una juez podría actuar en las próximas semanas conforme a derecho y “anular obrados”. Esto permitiría que el Club pida compensación por daños y perjuicios, lo que repercutiría en posteriores juicios de la Procuraduría a quienes causaron esos daños (anteriores autoridades), o no los evitaron pudiendo hacerlo (actuales autoridades).

El Gobierno transitorio está en posibilidades de evitar este daño económico al Estado buscando de inmediato una salida extrajudicial que, basada en la abrogación de la Resolución Ministerial, transforme la ocupación de los predios en un alquiler pactado con los dueños.

Una vez que se haga eso quedarán pendientes algunos temas, como el provocado por la alcaldía de Cochabamba que, de un modo oportunista, busca promover el remate de esos bienes para, seguramente, instalar en la zona otro mercado o un nuevo coliseo.

Han surgido y surgen continuamente iniciativas, privadas y gubernamentales, para dar otros usos a los terrenos del Club Hípico. Sus propietarios seguramente no se opondrán a ninguna iniciativa de interés común siempre que se respeten sus derechos. Este es un principio elemental y debe ser el punto de partida de cualquier propuesta. No hacerlo es dar validez al error de 14 años del cual los bolivianos estamos tratando de salir. Y hay que hacerlo respetando la ley.

 

El autor es economista del Ceres

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