Estado de ilegalidad

El escándalo suscitado a raíz de la difusión de un reportaje de un medio de comunicación chileno sobre la libre comercialización en Bolivia de vehículos robados en esa nación, con la complicidad de policías, administradores de la justicia y otros funcionarios públicos, muestra una vez más que en nuestro país la construcción el Estado es una tarea inconclusa y que, en lugar de la ley y el orden, lo que impera es la ilegalidad generalizada en la que vive gran parte de la población y del territorio nacional. 

Como se ha podido comprobar, el Estado está ausente de amplias regiones en la que distintos sectores y poblaciones han definido en los hechos una serie de prácticas fuera de la ley, que son aceptadas de forma generalizada como un escenario normal. 

En muchos y extensos municipios los vehículos robados en países vecinos circulan con placas municipales, a sabiendas de que no tendrían cómo demostrar una importación legal que justificara su inscripción en el registro oficial de vehículos automotores. Se podría decir que, para muchos de los habitantes de estas circunscripciones, no existe ni siquiera la noción de que estén siendo parte, directa o indirectamente, de una cadena que termina favoreciendo al crimen organizado. Simplemente, siempre ha funcionado así y ya se vuelto su forma de subsistir. 

El gran problema de aquello es que estos vehículos tienen tras de sí una serie de crímenes cometidos, como el robo de la propiedad privada, muchas veces mediante un asalto violento con heridos y fallecidos, y su posterior intercambio en la frontera por drogas, con lo cual termina siendo una moneda de cambio para el narcotráfico. 

Como los testimonios de muchos ciudadanos han reflejado en los noticieros de los últimos días, éste no es sólo un problema que afecte a personas de otros países, sino que también deja en un estado de indefensión a los bolivianos que sufren robos, principalmente en las ciudades capitales e intermedias y que, aunque localicen sus vehículos en otras regiones, se ven imposibilitados de recuperarlos. 

Esto no significa que no haya presencia estatal en esas jurisdicciones, en la mayoría de ellos hay policías, jueces, fiscales, ejército y funcionarios de impuestos y de la aduana. El problema inicial es que no tienen la fuerza para hacer respetar la ley porque enfrentarían una reacción popular que pondría en riesgo sus propias vidas y, como resultado, terminan integrándose a un círculo vicioso de abuso y corrupción, del cual terminan siendo parte, en la búsqueda del beneficio particular. 

La consecuencia es que el Estado y sus autoridades terminan deslegitimados frente a la sociedad, pues queda en evidencia su incapacidad para cumplir con la principal misión estatal, cual es garantizar sus libertades y derechos fundamentales, entre los cuales el derecho a la propiedad privada es fundamental para el ciudadano, tanto en cuanto a su dignidad como persona humana como a sus posibilidades de atender sus necesidades básicas y satisfacer sus anhelos de bienestar y prosperidad.

Consecuentemente, sobra Estado para algunos sectores de la población a los cuales se presiona desmedida e incansablemente para sostener un gasto publico creciente y falta Estado para proteger las libertades y los bienes de los ciudadanos. Hay una inversión perversa en los incentivos; por ejemplo, mientras se encarece desproporcionadamente la importación legal de vehículos automotores con aranceles y tributos excesivos, se convive con el contrabando de estos mismos motorizados. Sería más inteligente disminuir las tasas tributarias para promover la comercialización de vehículos importados legalmente.

Al final, todos estos problemas se originan en la misma causa: la falta de institucionalidad de un aparato burocrático que sofoca a los ciudadanos que quieren cumplir con la ley, pues el beneficio particular de los funcionarios pasa por complicar las cosas para cobrar por “arreglarlas”. La solución está a la vista y consiste en simplificar los trámites, bajar los costos de ser legal y construir una institucionalidad con la capacidad y legitimidad para hacer cumplir la ley.