Una condena politizada e injusta
Se ha cometido, sin asomo de duda, una injusticia contra la expresidenta constitucional de Bolivia Jeanine Áñez, al condenarla a 10 años de cárcel. Más que un proceso penal, todas las actuaciones de la justicia sometida al oficialismo, y específicamente al jefe del MAS, el expresidente y dirigente cocalero Evo Morales, no configuraron un proceso como tal, sino un acto de venganza o vendetta, una retaliación política.
El juicio y la condena son inobjetablemente inconstitucionales e ilegales, porque a Áñez no le corresponde un proceso penal en la justicia ordinaria, sino un juicio de responsabilidades, debido a las más altas funciones que ejerció; el oficialismo no fue por esa vía porque no cuenta con dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional y porque tiene la justicia arrodillada a sus pies.
También es inconstitucional e ilegal porque se han vulnerado los derechos humanos y constitucionales de Áñez al debido proceso, a la presunción de la inocencia y a la defensa.
No hubo debido proceso, entre otras vulneraciones a esta garantía constitucional, porque el juicio fue dividido en dos, en “Golpe de Estado I”, por los presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración, y en “Golpe de Estado II”, por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes; como el primero no prosperó, por la ambigüedad de las figuras de la imputación, señalada por organismos internacionales, se optó por vulnerar el debido proceso y condenar a la expresidenta por el caso “Golpe de Estado II”. La justicia genuflexa al MAS rechazó decenas de recursos, lo cual invalidó su derecho a la defensa. No se ha respetado su derecho a la presunción de inocencia, porque se asume que es culpable de un “golpe de Estado” inexistente.
Es la primera vez que se condena a una expresidenta constitucional en base a conjeturas y suposiciones. Es como si Áñez no hubiera sido sometida a un proceso penal con las garantías que otorga el Estado Constitucional de Derecho y en particular la separación e independencia de poderes, sino a un juicio en el que, plagado de vulneraciones constitucionales y legales, de antemano se conoce la sentencia.
Ha impulsado este juzgamiento, en vez del principio de legalidad, el afán de revanchismo y sed de vendetta de Morales, quien cree que con la condena de Áñez podrá sustentar su narrativa de un inexistente “golpe de Estado”; el jefe masista intenta borrar de ese modo el ominoso vacío de poder y los hechos que rodearon su renuncia y fuga tras las elecciones de noviembre de 2019, anuladas por fraudulentas, según informes de la OEA y de la Unión Europea; lo que busca Morales es habilitarse en la carrera por volver al poder cuanto antes.
La condena de Áñez es vergonzosa. En realidad, no hace otra cosa que confirmar que se han perdido los principios y valores que rigen en un sistema democrático. Y también significa que cualquier ciudadano puede caer en las garras de una justicia genuflexa ante el poder, que la usa para castigar a sus adversarios políticos y a los que disienten y piensan diferente.
