La medida del deterioro de nuestras instituciones
La institucionalidad y el respeto a los derechos ciudadanos en Bolivia están cada vez más deteriorados, como lo constataron tres encuestas realizadas el último mes en las principales ciudades del país y lo corrobora el Índice del Estado de Derecho 2023, publicado hace pocos días por la organización internacional Proyecto de Justicia Mundial, The World Justice Project (WJP por sus siglas en inglés).
Una de los indicadores de ese deterioro es la percepción que se tiene en el Órgano Judicial, y, en ese aspecto, más de siete de cada 10 ciudadanos desconfían de ese cuerpo del Estado: el 73 por ciento de los encuestados en la investigación realizada por la Fundación Jubileo considera que no todos los bolivianos reciben el mismo trato ante la ley, el 75 por ciento de los entrevistados para la encuesta de la Red Unitas asegura que el sistema judicial no es confiable y el 97 por ciento de los consultados para el estudio de la Fundación Friedrich Ebert (FES por su siglas en alemán) está insatisfecho con el funcionamiento del sistema de justicia.
Esa realidad se refleja en el sitio que ocupa Bolivia en el Índice Estado de Derecho 2023 del WJP: a escala mundial, el 131 entre 142 países y el 29 entre 32 de América Latina y el Caribe.
Es una calificación que refleja la realidad constatada en las noticias difundidas a diario y resulta de un estudio serio, pues se lo realiza a partir de encuestas a más de 100 mil hogares y a expertos en materia judicial entre docentes de las facultades de derecho y abogados en las tres ciudades más importantes de cada país y toma en cuenta ocho parámetros para calificar el estado de la justicia: regulaciones a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, qué tan abierto es un gobierno, derechos fundamentales, orden y seguridad, imposiciones regulatorias, justicia civil y justicia penal.
Como es de suponer, la calificación nacional es penosa en lo referente a la corrupción, considerada en tres formas de practicarla: soborno, influencia indebida por parte de intereses públicos o privados y apropiación indebida de fondos públicos. Estamos en el puesto 137
La mayoría de los países latinoamericanos se ubican en un lugar intermedio de la clasificación general. Y en la franja inferior, en el último lugar no sólo de Latinoamérica, sino de todo el mundo, entre muchos países africanos, aparece Venezuela y algo mejor ubicada, pero no mucho mejor, Bolivia.
Esos resultados, con todo lo alarmantes que son, no pueden ser calificados como sorprendentes. Por el contrario, son los únicos que se puede esperar si se considera los extremos a los que ha llegado la degradación de la justicia y la precariedad institucional en Bolivia.
