Objetivo N°1: anular las elecciones primarias

El evento electoral primario se celebra para que los votantes puedan elegir entre varios postulantes a los candidatos que asumirán las cabezas en las listas electorales. Las elecciones primarias permiten a cada partido político determinar su candidato titular. Los ciudadanos de nuestro país no tienen experiencia cívica para decidir en las primarias. El año 2018 ensayamos por primera y única vez unas primarias, en las que sobraron actitudes partidarias para manipular y distorsionar el escenario preelectoral con el fin de privilegiar malintencionadamente la nominación de un candidato.

Ocurre ahora que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha convocado a las 11 fuerzas políticas que tienen autorización legal, a dos agrupaciones ciudadanas y a los representantes de los Órganos Ejecutivo y Legislativo, para comenzar a consensuar los polémicos temas de las elecciones primarias, el padrón electoral, la aplicación de datos del Censo de 2024 y las elecciones generales de 2025. La cita está señalada para el próximo 10 de julio y la discusión central está marcada para definir si se celebran las elecciones primarias o se las anula definitivamente mediante una ley. En el mejor de los casos, las primarias se materializarían a mediados del próximo año, porque este año sólo se deberían realizar las elecciones judiciales.

Los principales interesados para que no se celebren las primarias son los masistas que sostienen al presidente Arce Catacora. Este afán no es reciente, sino que, desde hace mucho tiempo, están tratando de impedir que Evo Morales se postule en las primarias masistas y termine consagrando su “derecho humano” de participar en el proceso electoral primario. El cocalero está desesperado por candidatear y ya le pidió públicamente al presidente Arce Catacora que facilite las elecciones primarias, “para definir a nuestros candidatos, a no proscribir al MAS-IPSP y a no intentar inhabilitar a Evo para esas elecciones” (sic).

Los socios de Evo Morales, especialmente esos que ahora actúan como “arcistas” o “opositores de derechas” saben que los asesores del cocalero emplean diversas tácticas para manipular y distorsionar el proceso con el objetivo de favorecer sólo y exclusivamente a él. El TSE se está mostrando como un ente imparcial y está muy interesado en mover las fichas políticas para deslindar su responsabilidad constitucional, y descargar en los partidos políticos la decisión final de modificar las reglas de las elecciones primarias o anularlas. 

No cuesta nada afirmar que los masistas tienen mucha experiencia a la hora de manipular las normas electorales para definir quién o quiénes pueden votar en las primarias (por ejemplo, permitiendo que los votantes no afiliados al partido participen), para influir en el resultado y construir el falso positivo de “apoyo popular”. Sobran las maniobras de amedrentamiento expreso en las que incurren los masistas cuando implementan barreras para el registro de votantes, o trasladan en camiones a toneladas de votantes pagados de un distrito a otro para que apoyan a un candidato específico. Ni hablar del sesgo mediático que impulsan los medios de comunicación afines al cocalero para promoverlo como único candidato y desacreditar a los otros. En este paquete falso o engañoso también se incluye la propagación de rumores o noticias falsas sobre los oponentes para socavar su credibilidad. Como Evo Morales tiene un doctorado en estas artimañas, y sus oponentes con menos mañas le tienen miedo, queda justificada la anulación definitiva de las elecciones primarias.

El TSE está convencido de que la disputa fratricida al interior del MAS puede que derive en un enfrentamiento violento y mortal. Para soslayar esta eventualidad, este encuentro “multipartidario e interinstitucional” del próximo 10 de julio, debe ante todo lograr acuerdos que eviten que la ciudadanía decente de este país pierda la confianza en el proceso electoral y en la democracia misma. Si Evo Morales o sus oponentes oficialistas tienen problemas internos, para algunos insalvables, el TSE tiene el deber de respetar y hacer cumplir las normativas constitucionales, y aplicar los controles rigurosos para asegurar que las elecciones primarias sean justas y representativas de la voluntad de los votantes. Anular las primarias no es el camino más democrático y eso lo saben todos los políticos interesados en desarrollar la democracia en el país.