Marcha de bobos y un contrato para vender el alma

Después de tantos sinsabores y frustraciones, la oposición política boliviana saborea con deleite el impulso periodístico y político, expresado por los medios de difusión masiva y redes digitales, dirigido a centrar la atención general en las elecciones nacionales que se celebrarían en agosto próximo.

Semejante fuerza comunicativa da espacio a que dirigentes políticos contrarios al régimen recuperen algún protagonismo, dejando de estar relegados noticiosamente por la pelea interna del oficialismo y las expresiones de incontinencia emocional de Morales Ayma. Ahora hasta pueden aparecer en titulares, sea porque se alían, o no, entre ellos, porque alguien renuncia a ser postulado a la presidencia, en tanto que otro insinúa que ahora es radicalmente unitario, pero tal vez deje de serlo tanto, si los otros no se le subordinan.

Cuestiones como la implacable inflación de los precios de productos primordiales, las rudas manifestaciones de cambio climático, o los huecos periódicos en la provisión de combustibles ceden el monopolio de la centralidad noticiosa ante informaciones electorales, incluida la idea de que ellas traerán un “gran cambio” o, al menos, una “transición” que dejaría atrás los 20 años masistas, con todas sus desgracias.

El principal problema de este intento de remodelar las percepciones y estado de ánimo prevaleciente radica en que pretende obviar la dirección a la que apunta el núcleo del poder estatal en el país, compuesto por la sólida alianza entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, especialmente el Tribunal Constitucional y las salas constitucionales. Esa alianza se juega la vida por mantener el control de la vida política, con o sin elecciones.

Se propone, como ya lo ha hecho con las elecciones judiciales, manipular los resultados a su favor, aunque la aritmética de las urnas le sea contraria. Si los autoprorrogados sobreviven, a poco de un año y medio de finalización de sus funciones (diciembre de 2023), los protagonistas del pacto suponen que pueden redoblar su apuesta.

Cuentan con un avance importante que es haber doblegado al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que agachó la cabeza permitiendo que el ala gobiernista del MAS birle la sigla a sus oponentes y deformando las elecciones judiciales para mantener en su sitio a los autoprorrogados. Comparten esa derrota los cuatro nuevos tribunos, que suman muchos más votos y legitimidad, pero que se han sentido impotentes para interpelar y hacer retroceder a la mayoría usurpadora.

En el acuerdo firmado por el TSE y el TCP el 16 de enero no hay ninguna garantía de que el TCP no sustituya, nuevamente, al TSE, inclusive hasta llegar a anular las elecciones, como ya hizo con la votación popular de febrero de 2016. Fingiendo demencia, el TSE firma un acuerdo de legitimación de quienes lo avasallaron y se proponen volver a hacerlo si lo necesitan. La peor forma de rematar su alma.

Con o sin compromisos del oficialismo y sus mercenarios judiciales, la realización misma de las elecciones está amenazada, aunque el próximo 17 de febrero se publique una carta de buenas intenciones entre gobernantes y partidos para presuntamente garantizarlas. Un documento parecido, firmado ante de las elecciones judiciales, no alteró ni un milímetro los planes del Gobierno de Arce Catacora y la mayoría autoprorrogada del TCP, no sólo en el plano político, sino en juicios en los cuales esos jueces parecen interesados en compartir grandes ganancias materiales, como la estafa del mercado Mutualista, de Santa Cruz de la Sierra, donde se juegan utilidades delictivas que se aproximan a los 100 millones de dólares

Los premios, en materia política y económica, son demasiado grandes para renunciar a ellos, aunque se prometa hacerlo.

Es por eso que resultan un verdadero desfile de palabras sin sentido, las afirmaciones, promesas y pronósticos electorales, hasta que no exista certidumbre de un funcionamiento Tribunal Electoral independiente del TCP y su mayoría delictiva (verdadera cámara de una camorra criolla).

Por esos mismos motivos y otros igual de importantes, resulta una gran impostura hablar de cambios históricos en una situación en la que es suficiente que cualquiera de las fracciones del MAS, con sigla propia o prestada, obtenga la segunda votación para que la oposición política vuelva a ser derrotada.

Quienquiera, sinceramente interesado en ganar y, a continuación, enfrentar la formidable oposición del MAS unificado y sus dirigentes sociales, debe demostrar que puede desplegar una estrategia de alianzas y acciones que acabe, antes de las elecciones, con el funcionamiento aberrante del TCP.

Si ninguno de los inmediatos interesados se hace cargo, sólo el cambio de humor social puede hacer variar la situación e imprimir nuevos rumbos.