Accidentes de tránsito
El año pasado, la empresa que detenta el monopolio del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en Bolivia registró 26.299 personas lastimadas en 21 mil de esos hechos. La cifra representa un 20 por ciento de incremento respecto de 2023.
Los accidentes graves del transporte público de pasajeros, urbano, interprovincial o interdepartamental llaman la atención durante unos días, cuando tienen consecuencias trágicas. Luego, éstos y el número de víctimas pasan a ser unas cifras más en las estadísticas de la aseguradora que vende el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.
Es raro que las causas de esos siniestros lleguen a conocerse de manera fehaciente y oficial, como ocurre, por ejemplo, respecto del accidente con 19 muertos de un autobús que se salió de una carretera del departamento de Potosí.
“Este lamentable suceso se dio por aparente exceso de velocidad. El conductor está aprehendido”, informaba sobre el caso comandante de la policía fronteriza de Uyuni.
Y hace cinco meses, un bus interdepartamental se accidentó en la carretera Tarija-Santa Cruz dejando 15 personas fallecidas y al menos 17 heridos. La Fiscal Departamental tarijeña, informaba entonces que las presuntas causas del siniestro eran “fallas mecánicas”, ese vehículo llevaba funcionando desde el año 1978.
La Policía anuncia siempre que está investigando las razones por que las que ocurrieron esas desgracias. Jamás —o muy rara vez— se informa sobre las condiciones en las que los vehículos siniestrados obtuvieron la certificación de sus “condiciones técnicas, mecánicas (…) de funcionamiento y seguridad para la circulación de todas las unidades de transporte automotor públicas y privadas en todo el territorio nacional, con la finalidad de reducir la probabilidad de accidentes por aspectos técnico-mecánicos”, como lo establece la Ley General del Transporte del 16 de agosto de 2011.
Esa norma específica establece que todos los motorizados deben pasar por una revisión, conocida como Inspección Técnica Vehicular, que debe realizarse en “establecimientos especializados y acreditados, que deberán estar equipados con líneas de inspección para vehículos livianos, pesados y motocicletas”.
Nada de eso ocurre. Es la Policía que efectúa esa inspección, mediante su Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones, cuya función “más importante viene a ser el fortalecimiento de las políticas institucionales encaminadas al logro del bienestar y seguridad económica de los servidores públicos policiales”, según lo anuncia en su página web.
Así, jamás sabremos cuántos de los más 26.200 accidentes de tránsito del año pasado fueron por “fallas mecánicas”.
