La rebelión ciudadana

¿Cómo se reconfiguran las estructuras de decisión social cuando los mecanismos tradicionales de movilización popular, como el bloqueo de caminos, o las huelgas, pierden su eficacia legitimadora ante la propia base social que solía sustentarlos?

¿Cómo explicamos que los dirigentes cobistas sean rechazados violentamente por sus ciegos seguidores al inicio del conflicto, pese a la inoperancia casi clerical del Gobierno?

El repliegue voluntario de los bloqueadores, sumado a la abierta hostilidad de la ciudadanía en urbes como La Paz, sugiere un quiebre estructural que va más allá de la simple fatiga social.

Este fenómeno parece indicar que nos encontramos ante un proceso de sustitución progresiva de las estructuras de decisión, estructuras donde la ciudadanía comienza a asumir directamente los mecanismos de determinación colectiva y abandona paulatinamente las organizaciones que hasta no hace mucho actuaban en nombre de la sociedad civil, y gozaban de su legitimidad y apoyo, como la Central Obrera Boliviana (COB) o la Csutcb de las organizaciones campesinas.

El ‘habitus’ popular (entendido como ese conjunto de esquemas de percepción y acción arraigados en lo nacional-popular) parece haberse modificado sustancialmente, sobre todo, en la ciudadanía urbana.

Esta transición implica que las estructuras de solidaridad social han comenzado a emanciparse de las narrativas populares clásicas (que, como sabemos, subordinaban la acción individual a la lógica corporativa, sindical o de clase) para fundamentarse en narrativas ciudadanas articuladas en torno al individuo de a pie y a la resolución de sus necesidades materiales concretas y cotidianas.

El rechazo comunitario en algunas provincias del altiplano y el franco rechazo urbano contra los sectores movilizados evidencian que el bloqueo ha dejado de operar como un significante de resistencia legítima, para convertirse en un dispositivo que no se inscribe en las lógicas ciudadanas.

Ese rechazo, más allá de los perjuicios económicos y la alteración radical de la cotidianidad citadina, provoca que los actores subalternos desplacen sus tradicionales lealtades desde los espacios sindicales o gremiales, hacia una conciencia ciudadana orientada al orden y la coexistencia pacífica.

Al desmoronarse la eficacia performativa ("puesta en escena" o una fachada, carente de un compromiso real N. del E.) de las otrora vanguardias, el espacio público es reapropiado por una comunidad que ya no se define por su adscripción a un bloque corporativo, sindical o ideológico, sino por su demanda de certidumbre, transformando la naturaleza y textura de las decisiones colectivas mediante una racionalidad pragmática que sitúa el bienestar inmediato y las libertades individuales por encima de los imperativos ideológicos de las elites sindicales encriptadas en el cobismo nonagésimo y el sindicalismo corporativo que reinventó y financió el masismo.

La pregunta es: ¿en qué medida este desplazamiento altera los vectores tradicionales de representación política dentro del campo social? Esta mutación de las estructuras solidarias no solo niega la legitimidad de los tradicionales dispositivos de participación y representación propiamente populares, sino que reconfigura nuevas relaciones de poder centrando la dinámica social en la ciudadanía, muy lejos de la noción de “masas” que dominaron el ciclo popular.

Al desarticularse y corromperse el monopolio de la dirección sindical en las movilizaciones, emerge una ciudadanía que resignifica la resistencia civil a través del pragmatismo económico, político, cultural y social.

Así, el espacio público frente al bloqueo se instituye como un acto autónomo que subvierte la hegemonía del corporativismo tradicional, obligando al Estado y a las organizaciones políticas de nuevo cuño a diseñar canales de interlocución que ya no apelen a las viejas estructuras sindicales o partidarias, sino a un tejido social altamente diferenciado, compuesto de múltiples identidades (policías, amas de casa, profesores, estudiantes, artistas, abogados, etcétera) altamente demandantes de un orden institucional que permita su desarrollo como ciudadanía.

Presenciamos pues, la cristalización progresiva del poder ciudadano y el declive acelerado de lo que en algún momento fue el poder popular.

El autor es sociólogo