Al menos 15 de casos de corrupción del MAS siguen en la impunidad

La Paz

Al menos 15 casos de presunta corrupción ocurridos en el gobierno del MAS, siguen sin ser aclarados. Un experto asegura que los delitos de este tipo no prescriben.

En los últimos días, miembros del MAS, entre ellos Evo Morales, cuestionaron sobre presunta corruptela en que estaría incurriendo el Gobierno transitorio, entre ellos mencionan YPFB, BoA, la compra de los respiradores, pero “se olvidan” de las decenas de hechos de corrupción de su gestión que a la fecha no se aclararon.

Al hacer un recuento de los años del MAS, salta a la vista el Caso del Fondo Indígena, Gabriela Zapata y Camce, taladros de YPFB, barcazas chinas, entre otros.

Desde su nacionalización, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) (2006), fue víctima de varios escándalos de corrupción, además del interinato de varios presidentes: Jorge Alvarado, Juan Carlos Ortiz, Manuel Morales Olivera, Guillermo Aruquipa, Santos Ramírez, Carlos Villegas, Guillermo Achá y Óscar Javier Barriga.

A modo de recuento. El primer presidente interino de YPFB, Alvarado, fue acusado de haber firmado con una empresa un contrato irregular de exportación de petróleo a Brasil y de haber causado una pérdida de 39 millones de dólares al Estado.

El caso no fue investigado y Alvarado fue designado embajador de Bolivia en Venezuela, donde permaneció seis años, y posteriormente fue presidente de la Empresa Misicuni.

Santos Ramírez juró en marzo de 2008 y fue destituido en febrero de 2009. En su gestión se dio uno de los peores escándalos de corrupción.

Dos cuñados de Ramírez iban a recibir del empresario Jorge O’Connor una coima de 450 mil dólares, destinada a él, por haber adjudicado la construcción de la Planta Separadora de Líquidos (Río Grande - Santa Cruz) a la empresa Catler Uniservice. O’Connor fue asesinado por una banda de delincuentes y se destapó todo el caso.

En 2015 asume Guillermo Achá y fue destituido el 14 junio de 2017. En su gestión estallaron los siguientes casos: Narcocisternas, taladros. Tecnimont - Técnicas Reunidas, tres contratos vinculados para la construcción de las plantes de Etileno, Politileno, Propileno y Polipropileno.

Caso Camce

Gabriela Zapata, exnovia del expresidente Evo Morales, en su cargo de gerente comercial de la empresa china Camce manejó seis grandes contratos del Estado. La Camce recibió 560 millones de dólares.

Entre ellos, sobre la construcción de la Empresa Azucarera San Buenaventura, construcción del primer tramo vía férrea Montero-Bulo Bulo, construcción de la presa de Misicuni, proyecto de construcción de la Planta de Sales y Potasio, provisión de redes de gas para YPFB y de equipos de perforación para YPFB y, para la Gobernación de La Paz, equipamiento con maquinaria para la dotación de agua en este departamento.

Barcazas chinas

El Gobierno pagó por adelantado 28 millones de dólares a empresas coreanas para la fabricación de 16 barcazas, dos “empujadores” (equipo que propulsa balsas de río) y su respectivo traslado a Bolivia, a la empresa coreana General Marine Business (GMB).

El contrato fue firmado en 2009 con irregularidades, en el marco del proyecto “Implementación del empujador/remolcador fluvial multipropósito en el canal Tamengo e Hidrovía Paraguay-Paraná”, aprobado ese mismo año por Evo Morales, y debía ser cumplido en 2010, hasta la fecha no hay nada.

Fondo Indígena

Casi 100 millones de dólares fueron depositados en cuentas particulares de dirigentes afines al MAS por obras fantasmas. La exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, ex presidenta del Directorio del Fondo, está bajo detención domiciliaria. Estado del caso: escasos avances.

Quiborax

Tras 13 años de defensa legal deficiente, el Estado boliviano terminó pagando 42,6 millones de dólares a la empresa chilena Quiborax, pudiendo haber erogado 3 millones en una negociación previa. Por este daño económico no se hizo investigación y quedó en la impunidad.

TRÁFICO

Denuncia de Air Catering se esfuma

Silvana del Castillo Tejada, cuñada del exvicepresidente Álvaro García Linera, socia de la empresa Air Catering se adjudica un contrato por 26, 8 millones de bolivianos anuales con Boliviana de Aviación (BoA).

En 2014, se denunció el caso ante la entonces ministra de Transparencia, Nardi Suxo, por irregularidades en el contrato, tráfico de influencias, entre otros. Este caso no prosperó y se diluyó en el Ministerio Público sin la indagación respectiva.

Casos de daño económico al Estado no prescriben

La Constitución Política del Estado y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz determinan que los actos de corrupción que causen daño económico al Estado no prescriben, por lo que todos los ilícitos cometidos en el periodo del Movimiento Al Socialismo (MAS) tienen que continuar con su investigación.

El abogado constitucionalista Paul Antonio Coca afirma que todos los ilícitos cometidos, aunque pase el tiempo no quedan sin efecto.

“La Ley 974 de 4 de septiembre de 2017 establece una estructura para luchar contra la corrupción. Establece que de oficio se debe investigar daño económico al Estado. Esto implica procesos en lo penal y civil, es decir no basta resarcir el daño económico”, señaló.

Acotó que actualmente el país vive una pugna política, donde los legisladores del MAS pretenden hacer su trabajo de legislación, fiscalización, cuando en el pasado, en la administración de Evo Morales, se olvidaron de estas sus facultades.

“La fiscalización no se hacía cuando Evo Morales estaba en el poder, la corrupción, donde la responsabilidad sólo llegada a mandos bajos y medios, pero se ha visto que en un proceso de contratación hay inclusive la responsabilidad de la MAE, pero eso no sucedía con el MAS”, dijo.