Los procesos por la quema de las unidades policiales están parados
Después de la renuncia del presidente Evo Morales, en noviembre de 2019, turbas enardecidas saquearon, destruyeron y quemaron al menos ocho estaciones de policías en las ciudades de El Alto y La Paz en un día. En Yapacaní, Santa Cruz, también los policías fueron atacados y los ambientes quemados y destrozados, y en Cochabamba, la Estación Policial Integral (EPI) del Sur corrió la misma suerte, incluso vehículos fueron incendiados; por este caso tres personas fueron aprehendidas en el lugar por promover esos destrozos.
En 2019, la Policía no solo sufrió estos ataques, también varios uniformados fueron agredidos y resultaron heridos en los enfrentamientos con los afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). El 11 de noviembre en la ciudad de El Alto, una turba golpeó al sargento Juan José Alcón, quien ocho días después falleció a consecuencia de las graves heridas y contusiones que sufrió.
Todos estos hechos, según denuncia de las víctimas, no están siendo investigados por el Ministerio Público e incluso fueron archivados desde el retorno del Movimiento Al Socialismo (MAS) al Gobierno. Las personas que estaban siendo indagadas fueron sobreseídas o apartados de los casos.
Amparados en el Decreto Supremo 4461 de Amnistía e Indulto aprobado por el 12 de febrero por el presidente Luis Arce, para beneficiar a quienes se consideran “perseguidos” políticos del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, los implicados en todos estos hechos están siendo absueltos de todo cargo.
“Los masistas están quedando libres, como si nada hubiera pasado, y a nosotros nos quieren meter a la cárcel sin pruebas de nada”, dijo un funcionario policial, que por seguridad no será identificado.
“La muerte de nuestro policía (Juan José Alcón) no está siendo investigada, ninguno de los investigadores internacionales quiso hablar con los policías agredidos, tampoco con la familia de este policía asesinado por las turbas masistas”, dijo la expresidenta de la
Asociación de Esposas de Suboficiales, Clases y Policías (Anessclapol), Guadalupe Cárdenas, en alusión al grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga los hechos violentos ocurridos en el país en octubre y noviembre de 2019.
La quema y destrucción y unidades policiales, tampoco fue esclarecida, el caso se encuentra paralizado desde 2019, pese a que la Policía logró identificar a los presuntos autores de estos hechos, quienes fueron liberados y apartados de los respectivos procesos.
Representantes y dirigentes del MAS culpan a la misma Policía de esas destrucciones.
El presidente del distrito 9 de Cochabamba, Gilberto Collo, lamentó que los culpables de los destrozos de la EPI Sur estén libres. “Dios va a juzgar, con la justicia estamos perdidos ya que esta actúa según quien está en el Gobierno y esto ha quedado claramente demostrado”, dijo.
“No podíamos ni dormir de la preocupación, venían y marcaban nuestras casas, nos amenazaban con matarnos, con quemar nuestras casas y hacer daño a nuestras familias”, recordó un uniformado de La Paz, sobre los momentos de tensión que se vivieron en 2019.
EXPULSARON A LA POLICÍA DOS VECES
Personal policial destinado al trópico de Cochabamba fue expulsado de esa región por pobladores afines al MAS, tras los enfrentamientos en noviembre de 2019.
En abril de 2020, después de cinco meses de ausencia y un acuerdo con los pobladores, retornaron para hacer cumplir la cuarentena pero volvieron a ser expulsados.
SEPA MÁS
Casos Huayllani y Senkata avanzan
Por estos casos se siguen acciones contra jefes policiales y militares desde octubre de 2020. Varios oficiales ya fueron imputados y detenidos. Afines al MAS implicados en estos casos fueron apartados de las investigaciones por el Ministerio Público.
Procesan a 26 policías por el caso “motín”
Con el retorno del Movimiento Al Socialismo (MAS) al Gobierno, se inició la investigación por el motín policial de 2019. Están denunciados al menos 26 policías, los que ya fueron convocados a declarar ante la fiscalía policial.
Premian a expolicía “bloqueador”
Ismael Marquina, expolicía acusado por la venta y armas a afines al MAS en 2019, fue designado inspector en Dircabi.
Policías de base y esposas de los agentes lamentan que el Gobierno “premie” a alguien que cometió delitos.
