Desalojan a los avasalladores, pero se debe avanzar con la acción penal
Aunque los desalojos de predios avasallados han comenzado en Santa Cruz y Cochabamba, difícilmente se podrán frenar si no se activan las acciones penales contra todos los responsables, coincidieron en señalar ayer abogados y exautoridades.
“Hay que proceder a los desalojos de manera ágil, pero no quedarse solamente en los desalojos, sino proceder penalmente, porque se trata del delito de despojo. No es sólo una conducta irregular; es propiamente delictiva y, cuando no se persigue y se da lugar a la impunidad, se lo está fomentando pasivamente”, aseveró el exviceministro de Tierras Alejandro Almaraz.
Los primeros desalojos comenzaron el 13 de diciembre en el predio Kim, en las Lomas de Arena de Santa Cruz, después de que más de 200 avasalladores irrumpieron violentamente e incluso golpearon a los periodistas.
El 22 de diciembre se ejecutó el primer desalojo en La Angostura en Cochabamba con un operativo de 500 policías, el INRA y varias instituciones, pero la Alcaldía de Arbieto no acudió.
De acuerdo con Almaraz si algo fomenta la comisión de delitos es la impunidad. “Me parece necesario que haya desalojos, pero van a servir poco si no son sostenibles y si no se da lugar a una acción penal seguida por el Ministerio Público”, alertó.
Si bien los detenidos en los desalojos superan la veintena, las averiguaciones no van más allá para dar con los denominados “consorcios” que necesariamente cuentan con la participación de abogados y algunos funcionarios.
El representante del Colectivo Socio Ambiental de Cochabamba (Cosac), Jaime Ponce, denunció que si los avasallamientos han proliferado es porque han tenido blindaje. “Para haber avanzado lo que han avanzado los avasalladores, éstos han tenido que tener el apoyo de instancias institucionales y políticas”, aseveró.
“Si no se actúa de manera integral, va a terminar siendo una confirmación de que los perpetradores pueden quedar impunes”, declaró.
En Cochabamba, la Federación Departamental Juntas Vecinales (Fedjuve) identificó más de 100 loteadores en 14 sectores de la región. En tanto, la Cámara Agropecuaria (CAC) recibió 100 denuncias.
El abogado constitucionalista César Cabrera destacó que los desalojos suponen retomar el estado de derecho. “Esperemos que esto sea el inicio de retomar un verdadero estado de derecho, en el derecho a la propiedad privada”, manifestó.
“La justicia y la policía son los llamados a generar un estado de respeto a las normas y la democracia”, dijo.
Sin embargo, también es necesario investigar la vinculación de las alcaldías en el tráfico de tierras y de otras instancias como las empresas de servicios básicos.
“Hay personas que no tienen ni un solo documento que acredite su derecho propietario y les permiten instalación de energía eléctrica; no debería ser así. Lo mínimo es exigir un documento válido”, señaló.
Ministro: Hay 26 denuncias cada mes
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que cada mes se reciben al menos 26 denuncias de avasallamientos de tierras en Bolivia.
Precisó que las denuncias se han ido reduciendo. En la gestión 2017, existían 580; en la gestión 2021, 367, y en la actual gestión 2022, existe un total de 230 denuncias de avasallamientos y tráfico de tierras.
“Tenemos un promedio mensual de 26 denuncias en todo el territorio nacional. Eso demuestra que en nuestro Gobierno hay un mayor interés en combatir este ilícito, y se puede ver con las acciones que tomamos”, dijo.
